La junta de gobierno del Concello de Ourense acordó, a propuesta del área de Recursos Humanos, abrir un expediente al funcionario municipal Javier García Gago, ante la posibilidad de que haya incurrido en una serie de faltas disciplinarias, algunas de ellas consideradas "muy graves" según la normativa vigente, al compatibilizar su trabajo como asesor jurídico en el Ayuntamiento, con la docencia en la Facultad de Derecho del campus de Ourense, compatibilidad que le había sido denegada por el Concello.

Se da la circunstancia de que la declaración de compatibilidad de este funcionario, desestimada en el pleno de diciembre de 2013, fue la que provocó el primer plante plenario de los cinco concejales del gobierno local críticos con el actual regidor (los tildados como ediles "paquistas"), que abandonaron el pleno para no tener que votar la denegación de la compatibilidad laboral a este funcionario, que es además asesor de los llamados ediles díscolos. Este plante fue el que dejó a la luz las disensiones internas del grupo de gobierno local y acabó semanas después con el cese del concejal Antonio Rodríguez Penín, (amigo personal además del funcionario ahora expedientado) y la suspensión de militancia en el PSdeG-PSOE del propio Penín y de los otros ediles críticos.