El interventor municipal, Gonzalo Alonso, ratificó en su declaración, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, las irregularidades detectadas en el proceso de contrataciones externas, las conocidas como asistencias técnicas, la mayoría en el área de Urbanismo, y que forman parte de los múltiples informes de reparos realizados.

La cita del interventor se enmarca en las actuaciones del magistrado, después de admitir a tramite la denuncia presentada por los representantes sindicales de USO y CIG en el Concello, y que dirigen contra el alcalde, Agustín Fernández, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, que llegó a formalizar un contrato bajo la denominación de directora xeral Recursos Humanos, y la directora de Personal, Carmen Rodríguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Así, el interventor aseguró en su declaración que había realizado muchos reparos sobre las contrataciones externas, además de advertir que había más de los que aparecen en la denuncia que presentaron los dos sindicatos, que aludían a cuatro casos, que a día de hoy se convirtieron en personal fijo del Concello, aunque la sentencia del Juzgado de lo Social le daba a la posibilidad de indemnizar, aunque el gobierno socialista decidió readmitirlos y realizarles un nuevo contrato, de superior categoría y con mayor coste para las arcas municipales.

Dejó claro el interventor en su declaración que los pagos que se realizaban por los contratos externos eran "irregulares", y de lo que eran conocedores tanto el alcalde, que levantó los reparos, así como la edil de Urbanismo, que era la que más realizaba, así como la directora xeral de Personal.

Además de que en sus informes de fiscalización advertía de que esas personas, que utilizaban los medios e instalaciones municipales, como los trabajadores, de reclamar judicialmente podrían pasar a formar parte de la plantilla del Concello, como así sucedió en varios casos.

En cuanto a las diferencias del pago, entre la que fijaba la sentencia del Juzgado de lo Social y la que finalmente perciben en la actualidad, de ahí la presunta malversación de fondos públicos, el interventor, aseguró que es imposible fiscalizar, ya que son unos 1.000 los trabajadores municipales, aunque recalcó que se debe pagar lo que establece la sentencia.

Pero el juez volvió a citar al interventor para el viernes, y analizar diferentes documentos.