La juez de Lugo que instruye la causa contra la corrupción política en Galicia, Pilar De Lara, analiza una conversación telefónica del exdirector de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, imputado en la operación Manga derivada de la Pokemon, en la que se "vende" el supuesto ascenso en 2012 de un sobrino del expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.

Laíño López fue detenido en Barajas en abril de 2013 cuando regresaba de una estancia en Colombia, y se le vincula a una supuesta trama de sobornos y tráfico de influencias en Santiago de Compostela. En el momento en el que se realizaron las escuchas telefónicas, Laíño era consejero y apoderado solidario de la sociedad mixta Aquaourense constituida en 2008 entre Aquagest y la Diputación para gestionar el ciclo del agua en la provincia. La empresa controla el 66% del capital.

Las sospechas surgidas de los pinchazos telefónicos al móvil del directivo de Aquagest que realizó Vigilancia Aduanera propiciaron la redacción de un informe monográfico sobre "contratación de personas afines" y la gestión supuestamente realizada por Laíño a favor de un pariente de Baltar padre está incluida en el documento y recogida en la parte del sumario cuyo secreto se levantó hace una semana.

La mención aparece en una llamada que el directivo de la empresa de aguas recibió a primera hora del 26 de abril de 2012 de una compañera llamada Ana, que le informa de que ha estado con "Baltar padre", según ella misma le define. "Le dije que usted le había subido, o que le iba a subir la categoría al sobrino", relata Ana, quien además aprovecha para presumir de "vender" al expresidente el supuesto ascenso. Baltar Pumar le dice que agradecerá la gestión a Henry Laíño y añade que "o que necesitedes, xa sabedes".

Esta conversación levantó las sospechas de Vigilancia Aduanera y la enmarcó en un epígrafe sobre "contratos de trabajadores" en el que se especifica, textualmente, que "la contratación de personas afines al órgano oficial contratante y solicitados al adjudicatario se repite a lo largo de la investigación, tratándose de una contraprestación a los favores recibidos". Del análisis de las conversaciones intervenidas se concluye que "podría existir la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias" y por este motivo, la investigación acordó realizar un informe.

Esta conversación coincide en el tiempo con la noticia en los medios de comunicación del inicio de una investigación por parte de la OLAF del contrato de las 104 depuradoras compactas que la Diputación instaló en 62 municipios de la provincia y en el que se detectaron "graves irregularidades". Precisamente, Aquaourense se encarga del mantenimiento de estas instalaciones y la noticia habría generado inquietud en Aquagest, pues en la llamada, Ana le cuenta a Laíño que ha hablado de esto con José Luis Baltar al que ha visto "tranquilo".

La interlocutora de Henry Laíño muestra su preocupación por la posible implicación del técnico Javier Bobe, también consejero en Aquaourense, y sobre quien comenta que teme que "pueda salir salpicado" por ser el funcionario que redactó los informes técnicos.

Justo ayer, Bobe prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 como único imputado en la investigación todavía abierta.

El nombre de este técnico aparece también en el sumario de la Pokemon en el apartado de "contratos de trabajadores gestionados por Henry Laíño" en una conversación que este mantiene con una persona sin identificar que acaba de salir de la Diputación y que supuestamente "estuvo hablando con Bobe para lo del viernes con el alcalde de Carballiño. Dice que cree que Bobe le va a tocar el tema de esta chica, Begoña, que parece que se le acaba el contrato el lunes".