El Concello de Ourense recibió ayer la notificación judicial que solicita, a la mayor brevedad, "los informes jurídicos que hubieran emitido" para resolver la adjudicación, en octubre de 2008, de las obras de reforma de la calle Bedoya contratadas a la constructora ourensana OCA por casi 600.000 euros. El proyecto se aprobó por el trámite de urgencia, en un procedimiento negociado y sin publicidad que restringió la concurrencia pública de empresas.
El gobierno del primer bipartito PSOE-BNG alegó entonces la tramitación urgente, fuera del orden del día de la junta de gobierno que ratificó la adjudicación, para no quedarse sin una subvención. Tanta celeridad hubo en los trámites, que se señalizaron las obras y el corte de tráfico -que duraría ocho meses, el doble del plazo comprometido- antes incluso de que el gobierno formalizara la adjudicación.
Según certificó en varias notas de reparo el interventor municipal, era preciso un informe específico de la asesoría jurídica y de su propio departamento. En las objeciones determinó que la urgencia no procedía "por la existencia de plazos breves de justificación de subvenciones". El funcionario puso de manifiesto la "inexistencia de informes que deberían obrar en el expediente".
En otro requerimiento que según fuentes municipales también entró ayer, el juzgado de Instrucción Número Dos titularidad de Antonio Piña, que investiga si hubo delitos de prevaricación, tráfico de influencias o cohecho tal y como Democracia Ourensana plasmó en una denuncia-, ordena que se identifique a la persona autora del pliego de contratación. No consta firma alguna.
El magistrado quiere conocer la documentación que la junta de gobierno, presidida por el exalcalde Francisco Rodríguez y constituida por varios políticos retirados, pero en la que también eran miembros el actual regidor y sus dos tenientes de alcalde, revisó antes de rubricar la adjudicación definitiva
La constructora OCA, la segunda en volumen de facturación e inmersa en concurso de acreedores -107 trabajadores fueron despedidos-, fue la mejor de las tres ofertas recibidas, casi a la vez, en el ayuntamiento. Fue la mejor calificada tras presentar la propuesta económica más baja, algo menos de 592.800 euros. Sus dos contrincantes eran sociedades con vínculo empresarial. Por detrás se situó S.A. de Betunes y Firmes, una filial de OCA que también se encuentra en concurso.
La tercera propuesta, la peor clasificada y más cara, fue la de Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L.; una mercantil con sede en Madrid cuyo administrador único es uno de los hijos del fundador y actual consejero delegado de OCA, José Rodríguez Álvarez. Uno de los directivos de la empresa ocupó, en las municipales de 2011, el número 14 de la candidatura del PSOE. El juez, que también averigua el importe real que se pagó a la adjudicataria, ha pedido datos registrales para certificar los vínculos.
