José Manuel Costas, jefe de Las Cinco Jotas, acusó ayer al alcalde del PP de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares, de intentar sobornarlo para agilizar la compra de terrenos en un polígono empresarial de la localidad ourensana. El responsable de la empresa viguesa, considerada como epicentro de la mayor red de fraude fiscal de Galicia, afirmó que el secretario municipal le exigió 250.000 euros para escriturar unos terrenos que ya habían adquirido a los comuneros en un polígono de Cea. "Me dijo que me tenían 'agarrado por los huevos' y estaba presente el alcalde", señaló a la salida de los juzgados. Al margen de esta acusación, no relacionada con la trama de facturas falsas, José Manuel Costas no pudo concretar los nombres de partidos políticos y cargos públicos implicados y presentó pruebas, como facturas y presupuestos, que ya están en manos de la juez para incorporar al caso.
Su esperada declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo había despertado una gran expectación en las últimas semanas. José Manuel Costas prestó testimonio durante casi dos horas ante la juez, el fiscal, el abogado de la Agencia Tributaria y los letrados de una decena de empresas implicadas en la causa.
En su declaración, el único cargo público que salió a relucir fue el José Luis Valladares, alcalde "popular" de San Cristovo de Cea, por un supuesto pago para la compra de un terreno en un polígono empresarial de la comarca ourensana. A las puertas del juzgado, tanto el jefe de Las 5 Jotas como su abogado, José Chapela, tampoco concretaron ningún otro nombre implicado en los supuestos sobornos.
Empresas y responsables
"Hay diputaciones", dijo el letrado antes de trasladar la pregunta a su cliente. "No, aquí lo que se nombró fueron nombres de empresas y responsables", añadió Costas. El abogado expuso los cuatro conceptos que reflejaba una factura. "Representa casi los 10 millones de euros y señala cuatro conceptos: obras de la Zona Franca, ensanche de carreteras de Málaga y Sevilla, y tramos del AVE de Zaragoza, desde A Coruña hasta Madrid", explicó. Respecto al listado de empresas que pretendía aportar a la causa, su letrado, José Chapela, apuntó que existía un pago de la empresa Mercadona para instalarse en Vilagarcía. Explicó sobre este punto que se trataba de una factura de 250.000 euros emitida en 2003 para la construcción de un supermercado en la localidad arousana. En su declaración salieron a relucir otras firmas como Puentes y Calzadas, Copasa o Darzal. A preguntas de los medios de comunicación, cifró en 25 el número total de compañías implicadas.
Carlos Borrás, uno de los abogados de las empresas personadas en la instrucción del caso, destacó que José Manuel Costas no había aportado "ninguna novedad" y, en referencia a las nuevas firmas sobre las que iba a revelar más todos, explicó que "eran las que ya estaban citadas". En la misma línea se pronunciaron los representantes legales de otras compañías personadas en la causa y que acudieron a la declaración judicial.
Investigación tributaria
Ninguno de los letrados realizó preguntas en la sala y fue la juez y el fiscal los que solicitaron a Costas que concretase sus denuncias con datos y pruebas. El abogado del Estado que representa en la instrucción a la Agencia Tributaria, por su parte, indicó a la salida que efectivamente existía numerosa documentación y añadió que habría que analizarla para poder concretar una acusación.
El cabecilla de la trama de facturas falsas llegó al juzgado portando una maleta llena de documentos y consciente de la "expectación" que había generado su testimonio ante la juez que instruye el caso del mayor fraude fiscal de Galicia. José Manuel Costas, que acude en calidad de imputado, explicó hace días que aportaría el nombre de la decena de empresas que, según él, le requerían recibos ficticios para generar dinero negro con el que pagar "favores políticos" y que ya están imputadas en la megacausa. Además, había prometido desvelar el de otras veinte firmas que aún no se habían mencionado y "que pedían dinero de las facturas para pagar adjudicaciones de obras o subvenciones", según la versión del jefe de Las Cinco Jotas.
A su llegada al juzgado, a primera hora de la mañana, insistió en que desvelaría datos que "afectarían a todos los partidos políticos". Su abogado también lamentó que en la instrucción de la causa "no se han hecho demasiadas averiguaciones, ni están todos sus protagonistas". Aseguró que el Banco de España va a analizar la actuación de las entidades financieras, ya que, según aseguró, en un intervalo de media hora, le entregaron en un banco a su cliente 400.000 euros repartidos en entregas de 90.000 a instancias de las empresas.
José Manuel Costas y uno de sus hermanos fueron condenados por el Juzgado Penal número 2 de Vigo a casi cinco años de cárcel y una multa de 575.200 euros por falsedad documental y fraude fiscal. Otro juzgado lo condenó a un año y 9 meses de prisión, y a una multa de 2.700 euros por hechos similares y tiene pendientes otros juicios desgajados de la misma causa.
