Jaime, nombre ficticio, tenía que ir a la mesa del profesor de Religión y sentarse en sus rodillas. El docente lo acariciaba por debajo de la ropa, le lamía las orejas, le tocaba los genitales. Durante seis cursos consecutivos de Primaria, desde los seis a los once, fue su alumno. Otros seis menores vivieron episodios pedófilos similares. Así se comportó presuntamente Agustín O.G., de 48 años, al que la Fiscalía sentará en el banquillo del Penal Número Dos de Ourense, el próximo mes de marzo, como acusado de una sucesión de delitos continuados de abuso sexual a 8 escolares, todos varones, de la comarca de Valdeorras, donde el docente impartía enseñanza de Religión hasta que la Xunta lo apartó del cargo al trascender, a finales de 2010, los testimonios de dos de los casos.

Los abusos constatados por la investigación sucedieron en los centros educativos "Tomás Terrón Mendaña", de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) y en el "Virxe do Camiño" de Rubiá", en periodos distintos para cada niño comprendidos entre los cursos 2003-2004 y 2010-2011. Cuatro delitos en cada centro. Los niños convivieron en las aulas con el presunto pederasta desde los 5 o 6 años e incluso hasta los 11 o 12, cuando abandonaban el colegio para cursar Secundaria. "Todos los menores se han visto, siquiera levemente, afectados en su normal desarrollo como consecuencia de estos hechos", reprocha la Fiscalía en el escrito de acusación.

En este último colegio los padres presentaron dos testimonios de alumnos coincidentes que ante el Consejo Escolar y, de ahí, las denuncias se derivaron a Educación, que apartó al sospechoso del cargo. El acusado, que impartía la asignatura desde 1999, amplió destinos desde el inicio del curso 2007/2008 a los centros de O Bolo y el "Manuel Folla Respino" de Vilamartín, pero las averiguaciones de la Xunta y la Fiscalía no detectaron otros episodios delictivos. En realidad se iniciaron diligencias relativas a un noveno alumno que supuestamente fue víctima pero el fiscal acabó pidiendo el sobreseimiento provisional "al no haber quedado suficientemente acreditado". Agustín O.G. siguió ejerciendo como catequista.

FARO desveló los hechos el pasado mes de enero. El fiscal solicita un total de 19 años de cárcel así como 35 de inhabilitación para la guarda de menores y el desempeño de cualquier profesión relacionada con la docencia a niños. El profesor se defenderá en la vista con un nuevo abogado tras renunciar al primero. El escrito de defensa niega "delito alguno y" apunta a algunas de las tesis que el letrado inicial ya sostenía cuando trascendieron los graves cargos.

El profesor cree que los alumnos podrían haberle señalado como pederasta inducidos por otros menores o sus padres tras haber malinterpretado gestos de cariño y afecto. La nueva defensa ha propuesto como prueba el informe de una psicóloga que descartaría la inclinación pedófila en la personalidad del acusado. Es cariñoso con los niños, admite, pero sin intención sexual. Además, la defensa pretende que un psicólogo forense examine las declaraciones de los menores o practique, si lo ve preciso, nuevas entrevistas para comprobar que el relato de los hechos fue veraz. El juez de O Barco, en primera instancia, y la Audiencia Provincial, posteriormente, denegaron la práctica de esta prueba durante la fase de instrucción para no agravar el daño causado a los menores.

El abogado pide a la juez esta diligencia pericial con el objetivo de comprobar si el testimonio de los escolares "lo dieron sin condicionamiento alguno derivado de las personas que los interrogaron o si, por el contrario, en algún momento se les sugirió o condicionó la respuesta", tal y como señala el documento de defensa al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía es rotunda. Considera que Agustín O.G. se prevaleció "de su condición de profesor de Religión y animado con una intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales, se aprovechó de la edad de los niños que tenía como alumnos para lograr su ilícita satisfacción". Solicita una indemnización de 4.000 euros para tres de las víctimas, y 2.000 para las otras cinco, así como una orden de alejamiento de todos los niños durante 5 años. Para proteger su intimidad y derechos, la vista se celebrará a puerta cerrada.