El alcalde de Barbadás y diputado provincial, José Manuel Freire Couto (PP), con un amplio patrimonio declarado de 61 propiedades y 730.000 euros, negó ante la juez ayer, en un interrogatorio como imputado, las acusaciones de corrupción urbanística y presunto enriquecimiento personal que el PSOE entrelaza en una denuncia presentada en julio y ampliada ayer. La oposición apunta, además, a su hombre de confianza durante su largo mandato, el teniente de alcalde Manuel García, que también fue interrogado ayer, así como a exconcejales del PP, supuestos testaferros, y a uno de los constructores, titular del grupo inmobiliario Mahía, que más suelo desarrolló durante el boom del ladrillo en A Valenzá (6.200 vecinos), el núcleo urbano de un municipio, la zona a la que crece Ourense. El empresario está la espera de sentencia de un juzgado de Valladolid tras sentarse en el banquillo en julio por supuesto soborno a un alcalde.

Los socialistas atribuyen al regidor un presunto delito continuado de cohecho o prevaricación en una ampliación, presentada ayer, de la denuncia inicial de julio y el afán de beneficiar a la empresa. Piden a la juez de Instrucción Tres, responsable del caso, que investigue si los políticos incurrieron además en negociaciones prohibidas a funcionarios. Los socialistas relacionan el aumento patrimonial del popular con los convenios urbanísticos del municipio. El propio alcalde admitió ante la juez que abonó, en efectivo, ocho pisos adquiridos a en Matosinhos (Portugal) a una firma inmobiliaria de López Casal, López y Noya, a través de una empresa familiar, Alba María Sociedade Promotora de Bens Inmoveis. Con el promotor solo tuvo relación profesional, alega. El regidor aseguró desconocer vínculo entre López&Noya y Mahía

Freire y su mujer eran entonces los socios de la firma, que hoy está mayoritariamente a nombre de su hija, todavía estudiante, Freire cambió el pasado mes de abril su participación inicial de 60% para hacer una donación a su pariente. El alcalde no recordaba en el despacho de la juez si pagó con transferencia, solo que fue al contado.

Las adquisiciones se llevaron a cabo en dos periodos, en 2004 un lote de dos pisos y en 2006 seis de una tacada, y coincidieron con cambios de planeamiento urbanístico en la AR 1, una zona de reparto para el desarrollo de Mahía donde, según la denuncia, se elevó la superficie, la posibilidad edificatoria en cerca de 4.000 metros cuadrados (81.836 en total) y en más de 9.000 el área comercial, a costa de incumplir la reserva de suelo protegido, y haciendo "un ejercicio de malabares" para que debajo de parques públicos se construyeran los garajes de los edificios.

El político investigado dijo a la juez que la elaboración del PERI de la zona, "nada tiene que ver" con la adquisición de los ocho pisos en Portugal. La acusación socialista cree que Freire, alcalde de Barbadás desde hace 26 años, benefició a Mahía "a cambio de una contraprestación". Son todos pisos con garaje y trastero en el mismo edificio del número 145 de la Avenida da Liberdade. En el 135 de la misma la empresa familiar portuguesa de Freire Couto y una mercantil lusa administrada por López Casal compartieron su sede social hasta el pasado mes de abril, coincidiendo con la donación de propiedad a su hija. Los ocho inmuebles tenían un coste de más de 650.000 euros en total.

El alcalde denunciado por corrupción asegura que abonó las propiedades en efectivo aunque no recuerda si tenía la cantidad en el banco. Las primeras adquisiciones coincidieron con otra compra por 180.000 euros, tal y confirmó ayer, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

Freire y su número dos respondieron además ayer por otro cambio urbanístico que se formalizó el pasado mes de julio. Con sus votos, el PP modificó una parcela reservada para un instituto demorado desde hace años, en la que tanto el regidor a través de una empresa de su mujer, como su número dos, tienen propiedades. Eichoa S.L., la sociedad familiar de Freire Couto, 345 metros cuadrados. Manuel García, el 4,42% del total de la finca, 2.966 metros. Con la oposición de PSOE y BNG, el pleno incrementó la edificabilidad residencial a costa de reducir superficie para viales -se suprimen dos de los tres viales- y zonas verdes, aminorando los costes de urbanización del futuro. Los socialistas calculan un posible beneficio económico de 3 millones.

Los dos negaron haber prevaricado. Se escudan en criterios de los técnicos y en un informe de la secretaria que les negaba el deber de abstención, en aras del interés vecinal. Freire solo actuó, dijo a la juez, por un "beneficio general". El PSOE pide a la instructora que recabe un informe sobre las cuentas y anotaciones de la inmobiliaria. Además proponen la declaración por presunta responsabilidad penal del exconcejal del PP Antonio Currás, al que acusan de recibir un piso por beneficiar a Mahía, y del propio constructor inmobiliario y varios cargos de la firma portuguesa. En julio los socialistas reclamaron la declaración, además, de supuestos testaferros. Uno de ellos, socio de la mujer de Freire.