La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía ultima la redacción final de un informe encargado por el juzgado de instrucción número Dos de Ourense, sobre el desfase entre las horas de trabajo real del servicio y las que fueron finalmente facturadas a la empresa por la prestación de la atención en el hogar entre los años 2007 y 2010, el periodo que está siendo investigado ante indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad o estafa. Fuentes policiales cifran en al menos 200.000 euros el agujero.

El análisis policial de la facturación se ha visto acompañado por el interrogatorio a un total de 20 trabajadoras del servicio, tal y como FARO adelantó. Una primera selección de auxiliares, el pasado mes de mayo, negaron la cantidad de horas desplazamientos -el concepto que presuntamente se utilizó para inflar los pagos- anotadas en algún caso, de hasta 3,5 horas para una jornada diaria. Alguna en plantilla, sin embargo, adujo que tenía trayectos de 40 kilómetros entre domicilio y domicilio en la ciudad de Ourense.

La próxima semana testificarán la exjefa de servicio que firmó el pliego de concesión, un técnico de Benestar así como el oficial mayor en funciones. El juez profundizará, de nuevo, en la legalidad de las facturas y en si fue irregular la resolución de contrato por mutuo acuerdo. Además, el magistrado deberá resolver la petición de archivo presentada por dos de las funcionarias imputadas, la técnico C.F.D., que apreció desfases de miles de euros a la hora de los pagos y facturas presuntamente falsas -luego fue señalada por la concejala Marga Martín, y su jefa de servicio, M.J. M.R.

Las presuntas irregularidades extraídas del análisis documental de las facturas -previamente la Policía ya certificó la alteración a tippex y bolígrafo de otra hoja de pago sospechosa- están vinculadas a la facturación de notas "extra" o de regularización en los años 2007 y 2008.

En el primer ejercicio, apenas unos meses después de que la concesión se pusiera en marcha, la concejala imputada Marga Martín propuso elaborar una factura por cerca de 100.000 euros para agotar el tope de presupuesto asignado a la contrata. Así lo aseguró uno de los empresarios implicados en el proceso, José Troncoso. El desfase debería reintegrarse en apartes mensuales durante el ejercicio siguiente. Una trabajadora despedida se negó a realizar dobles liquidaciones y confirmó al magistrado la existencia de apartes coincidentes. Una empleada de la contrata, todavía en activo testificó que las facturas llegaban a Martín en sobre cerrado. La edil, que defiende la legalidad de la gestión del servicio y el aval de informes técnicos, lo negó al juez.

A finales de 2008, de nuevo aparecen facturas de regularización sospechosas que entroncan con la averiguación policial sobre la veracidad de los desplazamientos. Dos hojas de pago de noviembre y diciembre por importe de 236.000 euros y presuntamente falsas dieron inicio a la investigación, ampliada a medida que el juez recababa documentos e interrogatorios a los cuatro años de la contrata, con sospechas que se remontan al propio acto de adjudicación. Democracia Ourensana, personada como acusación popular, llevó las dos facturas al juzgado precipitando una causa en la que están imputadas, además de Marga Martín, cuatro funcionarias.

El gerente del servicio, también imputado, se ha negado a entregar los correos reclamados por el juez tras airear una remesa contra su exsocio, aduciendo que su ordenador, como el de Martín y Troncoso, fue requisado en febrero precisamente para descubrir el intercambio de comunicaciones.