Los pasos judiciales se suceden y apenas faltan dos para que el último barón del Partido Popular gallego, el expresidente ourensano José Luis Baltar, se someta a los focos y al banquillo para ser juzgado por sus 104 presuntos enchufes entre los meses enero y marzo de 2010, contratos de mediante decretos de su "puño y letra" sin informes ni publicidad, la mayoría de afines al PP, coincidiendo además en el tiempo con el disputado congreso popular que "curiosamente", tal y como apostilla el magistrado en su auto de imputación, el hijo del exbarón ganó frente a la corriente oficialista.

Baltar, jubilado desde que legó, primero el partido y luego la Diputación a su hijo José Manuel, no verá amenazada más que la posibilidad de un borrón en su hoja de servicio tras décadas en la política ourensana y 22 años al frente de la administración convertida durante años en granero de empleos, manejando las riendas del poder con mayorías absolutas y críticas sobre favores y nepotismo que el proceso judicial iniciado el 28 de diciembre con la querella del fiscal jefe de Ourense - FARO lo reveló en exclusiva- pone negro sobre blanco.

El exbarón no tendrá que responder por delitos que conllevarían penas de cárcel e, inmerso en un retiro voluntario -"yo ya me inhabilité a mí mismo cuando dejé el cargo", resolvía tras ser querellado- solo será inhabilitado en caso de una condena. Pese a todo, el PSOE baraja llegar incluso hasta el Supremo para que el arco de irregularidades se amplíe, al menos, a una presunta falsedad documental.

Mientras tanto, el curso de los trámites deja los próximos movimientos en la mesa del fiscal jefe y el abogado de la defensa. El sindicato de corte derechista Manos Limpias, personado como acusación popular junto al PSOE , registró ayer en el juzgado su escrito de acusación. La organización, que apenas intervino en la fase de diligencias penales absteniéndose incluso de preguntar en algunos interrogatorios, solicita para José Luis Baltar nueve años y medio de inhabilitación. Es casi la pena máxima -diez años- prevista por el Código Penal para el delito de prevaricación. Según el artículo 404 del Código Penal, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

A José Luis Baltar el juez de Instrucción Número Uno de Ourense, responsable del caso, lo procesó por infracción continuada. En instancia de apelación, la Audiencia Provincial convirtió la imputación en firme a la vez que descartó ampliar delitos, tal y como solicita el PSOE, o admitir el último recurso de la defensa para evitar el juicio. Una opción que teóricamente aún sería posible mediante un acuerdo de conformidad, pero que se antoja improbable al depender de un pacto con el visto bueno de todas las acusaciones, el PSOE incluido.