María Dolores Carnero Outón, funcionaria de Termalismo en el Concello de Ourense, será condenada a 2 años de cárcel y 1.200 euros de multa tras estafar a tres compañeras del ayuntamiento -e intentarlo con otra- utilizando sus datos para pedir una sucesión de préstamos al nombre de ellas. Más de 84.000 euros en varias operaciones que, según la abogada de la defensa, la acusada devolvió, gracias a su familia, "ya en 2009". Restaría para el trámite de ejecución de sentencia determinar la posible indemnización pendiente de abonar, y los intereses devengados sin satisfacer, "unos 2.000 euros como mucho", dice la letrada. La Fiscalía de Ourense aceptó sellar el pacto de conformidad teniendo en cuenta, precisamente, la reparación económica del daño, aunque su escrito de acusación, elaborado meses antes del juicio, difiere en las cantidades satisfechas. Según las conclusiones que el ministerio público plasmó antes de la vista, habría reintegrado 47.000 euros.

La confesión del engaño por parte de la funcionaria, que evitó la celebración de juicio, se prolongó entre 2005 y 2008. Las perjudicadas no se percataron hasta que los bancos empezaron a urgirles el dinero y a incluirlas en listados de morosos. El fallo firme será su salvoconducto, la garantía que reclaman las entidades para limpiarles el expediente. Carnero Outón, de 43 años, hija del presidente vecinal de Ourense, asumió el delito y será castigada justo en el umbral para eludir, en principio, el ingreso entre rejas. La mínima reincidencia la abocará a ser encarcelada.

La estafadora permanece en nómina del ayuntamiento. El Concello le abrió un expediente disciplinario y llegó a suspenderla de empleo y sueldo durante seis meses. Tras el conflicto con las perjudicadas, excompañeras en la concejalía de Medio Ambiente, fue trasladada a Termalismo. Portavoces municipales precisaron ayer que un funcionario del servicio jurídico fue designado instructor del caso y será el encargado de resolver si procede despedir a la condenada una vez sea notificada al Concello la sentencia de conformidad, una resolución con categoría de fallo firme. Las empleadas estafadas urgen contundencia. "Una delincuente no puede ser funcionaria; utilizó su puesto para hacernos esto en horario de trabajo".

Entre las víctimas estaba una trabajadora con la que mantenía amistad. Carnero logró hacerse con una fotocopia del DNI y alteró una nómina propia para terminar abriendo una cuenta bancaria a nombre de la perjudicada y con ella como autorizada para disponer del dinero. En septiembre de 2007, pidió un préstamo de 18.000 euros a 278 cuotas y fecha de vencimiento en 2015. Dos meses después, solicitó otro de 10.000 firmando ella misma con el nombre de la estafada. Además, tramitó ante una financiera una tarjeta de crédito que no recibió.

La investigación descubrió que la primera estafa se remontaba a 2005. La mujer también usó la fotocopia de DNI de otra funcionaria y varios documentos alterados para abrir otra cuenta, con el modus operandi descrito con anterioridad. En septiembre de 2006 pidió un préstamo de 12.000 euros y en julio de 2007, otro de 10.000. También hizo solicitudes a varias financieras.

A la última perjudicada la convenció para que abriese una cuenta en la que ingresar unas ayudas que la acusada, registrada como cotitular, dijo que sería capaz de conseguir en el Concello. Pero en julio María Dolores Carnero, la mujer tramitó una tarjeta de crédito con documentación alterada de la compañera, pidiendo un crédito inicial de 2.400 euros. Luego solicitó un préstamo de 6.000.

El cuarto caso fue una estafa intentada. La acusada obtuvo documentación personal de una compañera, alterándola y cambiando sus datos por los propios. Quería otra tarjeta de crédito en otra entidad pero no logró su propósito.