Estuvieron presos, fueron dos de los seis detenidos por un supuesto rapto de un menor para explotarlo laboralmente pero, finalmente, han sido condenados solo a pagar una multa. El adolescente al que supuestamente habían captado y retenido negó el secuestro. La juez no ha visto pruebas más de que obligaron al joven a trabajar duro. La magistrado impone el pago de una multa de 2.880 euros a los dos acusados, Francisco Javier González Pereira y Paulo Rafael da Silva Freitas, que permanece encarcelado en una prisión de Portugal por un robo con asesinato. Los condena en un fallo no firme por delito de coacciones, tal y como FARO adelantó el sábado. A Freitas lo castiga, además, a un año de cárcel por tenencia ilícita de un revólver en uso intervenido en su casa de Santa ºMariña do Monte donde la Policía liberó en 2010 al menor.
Los acusados se encontraron al joven, de condición humilde, en la estación de Oporto. Se había saltado una clase y lo tentó la posibilidad de obtener un trabajo, como le prometieron los dos hombres. Al llegar no vivió un calvario pero tampoco encontró el paraíso. Estuvo encerrado una noche en un cuarto lleno de inmundicia en el sótano, fue obligado a trabajar duro cuidando animales o construyendo un pozo, pero nunca se sintió secuestrado. Acudía al bar de uno de los acusados, podía entrar y salir libremente, hablar con los vecinos y hasta lo llevaron al peluquero. Pero según los hechos probados por la juez, los hombres lo tenían "como un esclavo, con las manos destrozadas" y sin cobrar nada. La magistrada subraya que la edad de la víctima, entonces 15 años, lo hacen más "vulnerable". Los acusados, que llegaron a amenazarlo con un machete para que trabajara, "abusaron de su confianza".
