La juez ordena que el presunto parricida vaya a juicio con jurado y confía en su ´imparcialidad´

La magistrada se opone a archivar un crimen sin resolver desde 2009 - La Audiencia tendrá la última palabra

26.05.2013 | 00:00
El sospechoso por la muerte de sus padres en 2009, cuando fue juzgado por coacciones en 2011. // I. Osorio
El sospechoso por la muerte de sus padres en 2009, cuando fue juzgado por coacciones en 2011. // I. Osorio

Con varias incógnitas sin despejar más de cuatro años después del crimen -nunca se encontró el arma homicida ni tampoco existen pruebas de ADN- pero con la certeza del fiscal y la Guardia Civil de que José Miguel Martínez Campos fue el autor de la muerte a tiros de sus padres en 2009 en Taboadela, la juez de Instrucción Número Tres de Ourense, Cristina Martínez, acaba de confirmar la continuación del trámite para que el doble homicidio se resuelva en los próximos meses ante un tribunal popular. Nueve personas del común por elegir asistidas por un magistrado se encargarán de dictar veredicto si finalmente la Audiencia Provincial, la instancia a la que va de camino el último recurso posible para frenar el trámite, no modifica el criterio de la juez de instrucción.

La magistrada se ha opuesto al archivo del procedimiento reclamado nuevamente por la defensa al apreciar la existencia de "indicios racionales de criminalidad". La autoridad entiende, además, que el jurado popular es el órgano adecuado para encausar a Martínez Campos y también a su presunta encubridora, María Rosa R.P., una amiga que le sirvió una cortada. La mujer manifestó en un primer momento que se encontraba junto al imputado a la hora estimada de los hechos. Meses después se desdijo precipitando la primera de las dos detenciones del presunto parricida, excarcelado luego dos veces.

La defensa ha argumentado que el encubrimiento no es, a diferencia de los delitos de sangre o los cometidos por funcionarios, una competencia del jurado popular prevista en la ley. La juez discrepa. Entiende que la infracción de la amiga de Martínez Campos es un hecho "conexo". El razonamiento aparece en el auto que rechaza el recurso, de fecha 21 de mayo: "A los delitos de asesinato imputados al acusado, para intentar su impunidad, le siguió el de encubrimiento imputado a ella".

La instructora, de regreso tras estar de baja a una sede judicial que ha visto pasar a varios titulares e interinos en los últimos años -el órgano se encarga de violencia de género y acusó una situación de colapso durante varios ejercicios-, descarta asimismo que el "juicio público paralelo" vulnere alguna de las garantías del proceso judicial ni los derechos del imputado. La magistrada defiende la "imparcialidad" del tribunal de jurado, que estará formado por nueve integrantes seleccionados tras sorteo, alegaciones y recusaciones a partir de un censo de casi 2.000 personas de toda la provincia de Ourense.

El abogado se amparó en la "contaminación de los eventuales integrantes del jurado popular". El auto que cierra la puerta a las peticiones de la defensa indica que ese argumento es "precipitado" ya que los miembros del tribunal no se han elegido. La ley reserva la opción a las partes de recusar a los últimos candidatos, incluso sin dar motivos, justo antes del inicio del juicio.

Basándose en la jurisprudencia, la juez indica que una "sospecha de un defecto de imparcialidad debe ser tenido en cuenta pero no desempeña un papel decisivo". La creación de un "estado de opinión sobre un caso concreto", continúa el auto, solo se tendrá en cuenta si se demuestra una "real influencia". "Que los hechos investigados judicialmente sean al mismo tiempo, una noticia merecedora de atención por los medios de comunicación, compone dos esferas distintas". Según la magistrada, los "juicios públicos paralelos no pueden derogar las garantías exigidas por el proceso penal".

El sospechoso del crimen familiar permanece encarcelado desde febrero, cumpliendo una condena firme a más de 4 años de cárcel por amenazar, maniatar y encañonar a un amigo una semana antes del crimen de sus progenitores, José y María Teresa. El análisis lingüístico de una carta con amenazas que habría redactado el imputado y que apareció en el bolsillo del pantalón de su padre, así como el hallazgo de supuestos restos de pólvora compatibles con la realización de disparos, se suman al principal indicio para los investigadores: la profunda enemistad que Martínez Campos profesaba a sus progenitores. Él siempre negó los hechos. Incluso dijo a la juez que nunca tuvo en la mano un arma de fuego, un argumento desbaratado por los hechos probados de la condena que está acatando.

4 procesos, 2 archivados

El presunto parricida de Taboadela ha coleccionado una sucesión de causas con la justicia,por hechos casi consecutivos entre 2008 y 2009. La investigación del doble crimen se completa con el proceso ya concluido que lo mantiene en la cárcel, y con otros dos más que no han llegado a puerto. Fue implicado en la emboscada y tiroteo a un compañero de trabajo brigadista cuyo ataque nunca se aclaró. Los investigadores le atribuyeron los hechos de septiembre de 2008 por una posible venganza de celos contra la víctima, tiroteada en la zona de los genitales. A punto estuvo de perder la vida. Solo un mes antes, el sospechoso había finalizado una relación con otra compañera de la misma brigada.

Su propia hermana lo acusó de supuestas amenazas y malos tratos a sus familiares. La mujer lo acusó de ser violento y agresivo con sus progenitores tras haber manifestado lo mismo en una declaración ante la juez de Instrucción Número Tres que investiga el crimen de sus padres. La hermana presentó denuncia tras su testimonio en la causa de Taboadela y acusó a su pariente de haberla llamado por teléfono en tono amenazante el día antes de acudir al juzgado. Se abrió otro procedimiento judicial que terminó en el archivo.

Su defensa, que ya logró su liberación en dos ocasiones por falta de pruebas, planteó recurso de amparo al Constitucional para reclamar la excarcelación de la condena firme actual "por vulneración de la presunción de inocencia y el ataque a la tutela judicial efectiva". Pero el tribunal denegó al abogado la posibilidad de poder plantear recurso.

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