La juez del Penal Número Uno de Ourense no ha encontrado motivos para castigar por detención ilegal a Paulo Rafael Da Silva Freitas y Francisco Javier González Pereira, los dos hombres acusados por captar y retener a un menor portugués en abril de 2010, en un caso que la Policía del país vecino llegó a calificar en un primer momento como posible tráfico de esclavos. Las contundentes sospechas de un inicio se vinieron abajo. Pero la magistrada sí ha apreciado fundamentos para condenar en primera instancia por un delito de coacciones que, al término del juicio celebrado el 14 de mayo, la fiscal introdujo como alternativa. Fuentes del ministerio público aseguraron ayer la existencia de resolución judicial en base a ese ilícito. El ministerio público solicitó 3 años para cada uno de los acusados. El fallo se encuentra en trámite de notificación.
Uno de los inculpados, Paulo Rafael Da Silva Freitas, preso por un robo con asesinato en una prisión lusa, se enfrentaba además a tenencia ilícita de armas. Cuando la Policía liberó al adolescente portugués, que se echó a llorar a los brazos de un agente tras permanecer en una especie de cuadra llena de inmundicia, encontró en la casa de Santa Mariña do Monte un revólver sin licencia y munición, además de otra arma oxidada e inutilizada.
El testimonio por videoconferencia del menor en el juicio echó abajo los cargos por detención ilegal. Reconoció que podía entrar y salir libremente, que acudía al bar de uno de los acusados, que mantuvo contacto con los vecinos e incluso lo llevaron al peluquero. El adolescente negó agresiones pero sí confirmó haber permanecido una noche encerrado en el cuarto así como ser objeto de una amenaza con un machete para que trabajara.
