El juez apremia el rastreo de los ordenadores de Marga Martín y de los socios de ayuda a domicilio

En plena guerra de correos entre los empresarios, el magistrado urge a la Guardia Civil para que concluya el análisis de los equipos personales - Se investigan las comunicaciones entre los imputados y si el exalcalde estaba al tanto

25.05.2013 | 00:00
José Troncoso, exsocio de López en la contrata. // Iñaki Osorio
José Troncoso, exsocio de López en la contrata. // Iñaki Osorio

En marzo, un agente de la Policía Judicial empaquetó los ordenadores personales de la concejala Marga Martín, imputada, y los de los dos antiguos socios de la empresa de ayuda a domicilio para remitirlos a Madrid, a la sede de la unidad tecnológica del instituto armado donde se centralizan análisis de material informático procedente de toda España. La lista de espera para destripar los datos y los nuevos indicios que han salido a la palestra en el largo proceso de investigación del servicio municipal de Ourense -comunicaciones por correo electrónico aireadas por los empresarios que refuerzan el rol activo de Marga Martín- han hecho que el juez instructor apremie los resultados. Según las fuentes, el magistrado, dispuesto a dictar un auto inmediato para señalar a los principales implicados y fijar delitos, ha apremiado a los expertos de la Guardia Civil para que concluyan la inspección de los ordenadores y remitan las conclusiones de toda comunicación y contacto relativos al servicio. Se investigan en concreto todos los e-mail intercambiados entre la edil y los empresarios así como si el exalcalde, Francisco Rodríguez, estaba al tanto de la gestión de la contrata.

La última remesa de correos entregada al juez denota la guerra feroz entre los dos empresarios, enfrentados desde 2011 cuando la nueva adjudicación del servicio, de un máximo de 16,8 millones, recayó en la unión temporal representada por el gerente, actual y anterior, Alberto López, y la multinacional FCC. Su exsocio, el antiguo responsable del CHUO José Troncoso, mantiene varios frentes abiertos judiciales contra él: ha impugnado en la vía contenciosa la concesión, lo acusa de estafa y delitos en la administración contable, de cuya potestad lo responsabiliza pese a ostentar López el 25% de la concesionaria, y lo denunció por presunto plagio en un caso reabierto por orden de la Audiencia que amplía el foco de la investigación a la contrata actual.

Las presuntas irregularidades se desgranan en un procedimiento en curso desde hace meses en Instrucción Número Dos donde se investigan las relaciones entre políticos y funcionarios del Concello de Ourense -hay cuatro trabajadoras imputadas además de la concejala- y la empresa adjudicataria anterior, desde el momento de la adjudicación hasta la resolución del contrato. Durante 4 años de servicio, el juez dilucida si se cometieron presuntos delitos de falsedad documental -la Policía ha certificado alteraciones de una factura y documentos remitidos por el Concello lo apuntalan-, tráfico de influencias -por presuntas presiones por teléfono para dar prioridad a los pagos de la empresa-, prevaricación, malversación de fondos públicos -por el quebranto a las cuentas municipales por abonos mayores del servicio prestado- o estafa. Además, uno de los empresarios reveló la existencia de regalos al exregidor imputado en la Pokémon y a la edil, teniente de alcalde en el actual gobierno en minoría del PSOE.

Entre otras cuestiones, el juez indaga el objeto del cómputo en el cálculo del servicio de horas de desplazamientos -de hasta al día para trabajadoras que solo actuaban en la ciudad o su periferia-, en contra del pliego de adjudicación y con desfases de miles de euros sobre el trabajo efectivamente prestado. Auxiliares interrogadas por la Policía hace pocos días negaron horas extras y la realización de las horas de trayecto de domicilio a domicilio que aparecen anotadas, en varios casos, en sus estadillos personales.

Marga Martín, la persona de referencia en el ayuntamiento, como reconoció en su interrogatorio el gerente del servicio, figura en varios correos durante la vida del contrato remitidos por la empresa. Los e-mail cruzados entre los dos exsocios -escalonados en varias fases del proceso-, en una versión a la ourensana del enfrentamiento entre Iñaki Urdangarín y Diego Torres, sugieren adelanto de facturas, informes elaborados desde la propia empresa, negociaciones de precios, mediaciones de altos funcionarios, así como propuestas para completar el gasto de presupuesto. Numerosos e-mail entraban en detalles sobre detalles del servicio bajo el encabezamiento "Querida Marga".

En 2007, por ejemplo, tras pocos meses de servicio, se autorizó una factura de regularización, o "extra", de casi 100.000 euros que habría que devolver en apartes mensuales de algo menos de 10.000 durante el año siguiente. La idea partió de la concejala, según dijo al juez Troncoso, para cubrir el presupuesto anual que no había sido gastado. Para lograrlo, el empresario, explicó que haría falta prestar un número superior de horas, a mayores de las de la factura adelantada.

En un correo de noviembre de 2008, el gerente dice a su antiguo compañero. "Te adjunto cómo podríamos distribuir los 236.000 euros de presupuesto pendiente de aplicar. Entiendo que lo mejor es hacer dos facturas en noviembre y dos en diciembre. Cuando las tengan preparadas, que me las envíen para poder remitirlas a Marga". Democracia Ourensana propició la investigación del servicio con una denuncia de dos presuntos facturas faldas precisamente de es año y por ese importe. En otro correo de noviembre de 2008, el gerente manifestaba a la edil: " Te adjunto las facturas que recibiréis mañana en papel, la factura de noviembre seguirá su tramite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado". Además, José Troncoso, según la relación de 42 e-mail con los que contraatacó el gerente, se comunicó con Martín solo un día antes de la fecha del informe para resolver el contrato:. "El único motivo de facturar las horas reales de desplazamiento no es otro que equilibrar las cuentas del servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación (...) Tenemos el tiempo real de desplazamiento entre domicilios de cada auxiliar en base a un cálculo totalmente objetivo que está a tu disposición", le explicaba el empresario a la edil.

Una trabajadora despedida de la anterior contrata se negó a realizar dobles liquidaciones y confirmó al magistrado la existencia de apartes de 9.000 euros. Democracia Ourensana, que llevó el caso al juzgado, sospechaba de una "desaparición de dinero". Una empleada de la contrata, todavía en activo testificó que las facturas llegaban a Marga Martín en sobre cerrado. La edil lo negó en su interrogatorio.

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