Entre los decretos de la Alcaldía de Ourense que ostenta el socialista Agustín Fernández remitidos al pleno figura el número 2.056, un dictamen que revela que su hija, María Fernández, contratada como personal de confianza en el gabinete de comunicación, recibió 624 euros en concepto de ayuda municipal para los gastos de la guardería de su hijo, dentro de las prestaciones sociales que se establecen en el acuerdo regulador de los funcionarios y trabajadores municipales, una partida recortada a principios de año en un 40% tras la negociación de la exedil no electa de Personal, Carmen Rodríguez, con la mesa de sindicatos. El gobierno local justificó la tijera publicitando entonces un ahorro de unos 750.000 euros en materia de personal.

La concesión de la ayuda a la hija del alcalde en una relación donde también figuran otros funcionarios y trabajadores locales corresponde a gastos de 2012 y se tradujo en un abono a posteriori librado mediante el decreto de abril de 2013. El pleno tuvo conocimiento de esta y otras órdenes de alcaldía en la pasada sesión ordinaria celebrada el 3 de mayo.

La partida está dentro de la legalidad pero los grupos de la oposición entienden que, como denunciaron en su momento, se trata de un ejemplo de "nepotismo político" por parte de Agustín Fernández, al que acusan de una falta total de "ética", y de estar más preocupado por el futuro "de su familia que el de todos los ourensanos". Los opositores reprochan al mandatario socialista que "utilice" fondos públicos en beneficio de su propia hija, que además percibe un salario de unos 2.600 euros en 14 pagas como técnico en comunicación y relaciones públicas, un grupo A-1. El coste estimado para las arcas municipales de su puesto de funcionario eventual supera los 47.000 euros.

La llegada de la hija de Agustín Fernández desató la tormenta en el seno del partido socialista, en una antesala de la crisis intestina que estalló definitivamente en septiembre tras la detención del exalcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, en el marco de la operación Pokémon que lo obligará a comparecer de nuevo ante la juez el próximo 10 de junio. La incorporación de la hija a la plantilla municipal tuvo lugar, precisamente, por decisión del predecesor de Agustín Fernández.

Francisco Rodríguez, imputado por cohecho, prevaricación y recientemente por blanqueo de capitales, contrató a María Fernández para engrosar el círculo de personal de confianza. Tras su dimisión forzada por el partido y la ruptura del bipartito, el elenco de personal afín a los "paquistas" fue refrendado, primero, por la teniente de alcalde, Marga Martín, que ocupó por espacio de una semana la alcaldía en funciones después de la renuncia de Rodríguez, y a la postre por el actual regidor. La contratada era una de las personas asistentes a las controvertidas fiestas pagadas con fondos públicos en honor al exalcalde, con ron, ginebra y whisky. Los gastos "impropios" y devueltos por el propio regidor espolearon la última gran crisis del gobierno local del PSOE.

Una vez elegido Agustín Fernández como alcalde, lejos de atender las indicaciones de la dirección del partido de que su hija abandonase la nómina del Concello, la confirmó en el puesto. El regidor argumentó que su familiar "es personal eventual: entró con nosotros, y se irá cuando nos vayamos". El padre mantuvo de esa forma en el cargo a su hija ante las voces que se alzaban, tanto dentro del grupos municipal socialista, como desde la bancada de los grupos de la oposición, que se lo reprochaban en los plenos.

Si la contratación a dedo de María Fernández Ojea se convirtió en el centro de la polémica y en controversia, después de conocerse que recibió más de 600 euros para el pago de la guardería de su hijo, las acusaciones han vuelto a brotar. Desde la oposición censuran que "pretenden convertir el Concello en su propio cortijo". También reprochan al alcalde y al gobierno socialista que que hablen de "austeridad" mientras incrementan el capitulo 1, el de Personal, y las "compensaciones" a trabajadores que "fueron colocando a dedo". Sin negar los derechos a las prestaciones sociales de todo erl personal municipal, reprochan que en su día "criminalizaran" -como así lo denunciaron desde la Junta de Personal- a los funcionarios por pretender una serie de ayudas sociales, de las que ahora se aprovecha la propia hija del regidor. Consideran en la oposición que se trata de una "doble moral".