Con más dudas de las que tenían desde el mismo momento en que se conocía públicamente, y convencidos de que todo el asunto "suena muy raro". Así resumía el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, la reunión que mantuvo, junto con su compañera Susana Gómez, con el alcalde, Agustín Fernández, en la que se abordó todo lo relacionado con ese "préstamo verbal humanitario" que el grupo municipal socialista concedió en enero de 2009, según consta en un escrito firmado por el exalcalde, Francisco Rodríguez, imputado en la Pokémon, a un alto funcionario del Concello de Ourense, el jefe de servicio de Recaudación, por un importe económicos que supera los 21.000 euros.

Las explicaciones y argumentos que expuso el alcalde no convencieron a los ediles de DO, que no descartan llevar el asunto a la Fiscalía, como ya hicieron anteriormente con otros asuntos, como las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, y en la que está imputada la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde, Marga Martín, y varias funcionarias.

En el transcurso de la reunión, Agustín Fernández mostró a los concejales de DO una "fila de papeles", relacionados con movimientos realizados en la cuenta corriente que tiene el grupo municipal socialista en una entidad bancaria en donde se ingresan las asignaciones a grupos contempladas en los presupuestos del Concello, y entre las que se encontraban las devoluciones realizadas por el funcionario.

Lo que resulta especialmente llamativo tanto a a Jácome como a Gómez es que el alcalde reconociese que el funcionario "entregaba el dinero en mano" en el grupo socialista, y luego la responsable, en este caso la secretaria del grupo y concejala de Urbanismo, Áurea Soto, con firma, así como la secretaria particular del exalcalde, Natalia González, autorizada, los ingresaban en la cuenta.

"Todo lo que vimos es muy raro", sentencia Pérez Jácome, que además señalaba que en los "papeles" del banco no aparecía en concepto de qué eran esos ingresos, así que no aparezca reflejada en la contabilidad que el grupo municipal socialista presentó. Una cuestión que Susana Gómez recalcó "no explica el alcalde", que se escudó en un informe de la Secretaria Municipal para evitar "darnos la contabilidad del grupo del PSOE que le pedimos", cuando entiende que si "no hubiese nada que ocultar, no tendría problema en darnos copia".

Otras de las cuestiones que trasladó el alcalde a los ediles de DO estaba relacionada con los pagos que vendría realizaron el funcionario para saldar ese "préstamo verbal humanitario", cantidades que como reconocía Fernández "no siempre tenían la misma cuantía económica". Para explicar que le restan por devolver en torno a 5.000 euros.

Lo que detectaron Pérez Jácome y Susana Gómez, a los que citó el alcalde después de que solicitaran ver el expediente del préstamo, fue el interés del alcalde de "pasar página" sobre el asunto", llegando a invocar lo "mal que lo está pasando el funcionario", así como insistir en que no existe irregularidad alguna, por entender que era algo "normal". Planteamiento con el que no coincidieron "para nada" los miembros de DO.

Gastos impropios

Lo que con firmó el alcalde fue la devolución de los denominados "gastos impropios", al grupo municipal socialista, relacionados con la compra de bebidas alcohólicas en varios supermercados de la ciudad, destinadas a fiestas al exalcalde Francisco Rodríguez, y que cifra en 238,58 euros y que habría puesto de su bolsillo.

La realidad es que algunos concejales del grupo recibieron un mensaje vía SMS telefónico en el que se comunicaba la cuantía, y que tocaban a 20 euros. La comunicación causó sorpresa y cierta estupor entre varios de los ediles, sobre todo por no haber participado en esas fiestas de los "gingtonics", con acompañamiento de mariachi, que según aseguró la edil de Urbanismo y secretaria del grupo socialista, Áurea Soto, fueron pagados a "escote" entre los asistentes.

Una revelación que lleva a preguntarse cómo entonces se admiten esas facturas que forman parte de los asientos contables de 2012, cuentas que avaló el alcalde, y no así todo lo relacionado con el "préstamo verbal humanitario", ni las cantidades abonadas por el funcionario.

El PSOE provincial da por zanjada la polémica pero evita hablar del préstamo

En un intento de salir de la zozobra en la que se instaló el grupo de gobierno socialista, la edil de Medio Ambiente y miembro de la ejecutiva gallega del PSdeG, Susana Bayo, indicó ayer que la ejecutiva provincial "considera zanjada la polémica" suscitada con las cuentas del grupo municipal, ya que "lo que importa" es que el dinero que se gastó en fiestas con cargo a la asignación de los grupos "se devolvió".

También hizo referencia a que considera "suficiente que se pidiera perdón por el error cometido como hizo el alcalde", eso si, después de que se viese forzado por el secretario general de los socialistas gallego, Pachi Vázquez, en un intento de dar una imagen de unidad que a día de hoy sigue sin producirse.

A lo que no hizo referencia alguna Bayo ni los miembros de la ejecutiva provincial del PSOE fue al "préstamo verbal humanitario" a un funcionario del Concello y las consecuencias que puede traer consigo.

Baltar recomienda una auditoría a las cuentas del grupo socialista

El que también terció ayer en la polémica fue el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, después de que el PSOE solicitase una auditoría para el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), una vez que Freire Couto, presentó su dimisión como presidente.

Baltar entiende que a los socialistas "le falló el subconsciente", ya que lo que deberían solicitar es "una auditoría o petición de disolución" de las cuentas económicas del grupo socialista en el Concello de Ourense.

De ahí que mostrase su sorpresa por los acuerdos de la ejecutiva provincial del PSOE, la de "modernizar" el partido reconociendo su situación y pedir la auditoria y disolución del Inorde. A este respecto Baltar recordó que "no es la primera vez" que la ejecutiva provincial "disuelve" la agrupación local en la ciudad, que tiene secretaria a la edil no electa, Carmen Rodríguez, a la que ahora el alcalde busca "acomodo", después de la sentencia del Tribunal Constitucional