El Concello de Ourense ha iniciado el cobro voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, tanto de fincas rústicas como urbanas, con el que espera recaudar algo más de 30 millones de euros, lo que supone una parte considerable del presupuesto municipal para el año actual. El documento todavía no ha sido sometido a aprobación por parte de la corporación pero el borrador ya adelanta que será de 100 millones de euros.
En concreto, el 30 por ciento de los ingresos que prevé obtener el gobierno local procede de la recaudación a través de este impuesto, una tasa cuyo pago los ourensanos asumen con normalidad. De hecho, en el ejercicio anterior, el 96,5 por ciento de los propietarios de bienes inmuebles de fincas urbanas abonaron el importe del recibo en período voluntario. Del total de 27,9 millones de euros que se recaudaron a través de esta tasa, 25,2 llegaron a las arcas municipales siguiendo el procedimiento administrativo establecido por el ayuntamiento, mientras que 1,36 millones de euros se cobraron por la vía ejecutiva.
Según las previsiones de la oficina municipal de Recaudación, este año se ingresarán un total de 30.073.312,71 euros en fincas urbanas y 22.751,75 euros en rústicas. En ambos casos se registra un incremento con respecto al ejercicio anterior que, en la suma total, asciende a 2.175.376 euros más en la recaudación para este año.
El cobro voluntario del IBI en rústicas y urbanas se inició el pasado día 15 y estará abierto hasta el 15 de julio. Durante este plazo, los propietarios pueden abonar el correspondiente recibo de forma presencial en las entidades bancarias, o mediante el pago domiciliado. Desde el año pasado, el Concello de Ourense bonifica con el descuento del 1 por ciento de la cuota tributaria a aquellos que abonen el recibo a través de domiciliación bancaria. Para beneficiarse de esto, es necesario que los ciudadanos lo hayan solicitado con dos meses de antelación con respecto al primer día del período voluntario de cobranza del tributo. De este modo, aquellos que lo soliciten ahora se verán bonificados en 2014.
La Iglesia, exenta
De las más de 132.000 propiedades que componen el padrón urbano de la ciudad, unas cinco mil están exentas del pago del IBI por diferentes motivos recogidos en la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto que se actualiza cada año. Entre ellos, los centros educativos, los edificios de Cruz Roja, los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y estaciones o los que no alcancen una cuota líquida de 6 euros, entre otros, así como los que son propiedad de la Iglesia Católica.
En este último caso, el gobierno socialista en minoría de Ourense ha descartado seguir los pasos de otras corporaciones gobernadas por el mismo color político como Amoeiro y ha renunciado a pasar el recibo del IBI a la institución eclesiástica, desoyendo el requerimiento realizado por el BNG a través de una moción. El concejal de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero, confirma que, tras un profundo análisis por parte de los equipos jurídicos se acordó "seguir las prescripciones de siempre", es decir, no cobrar el impuesto incluso en aquellos solares y propiedades improductivos o ajenos a la actividad de culto o social. En total, la Iglesia dispone de 78 propiedades con un valor catastral próximo a los 41 millones de euros. El cobro del IBI a esta institución podría reportar a las arcas municipales entre 100.000 y 200.000 euros anuales, si bien el gobierno local ha optado por no hacerlo: "No está claro desde el punto de vista de la legalidad", concluye Barquero.
135.890 euros por terrazas
El Concello de Ourense ha abierto también el plazo para el cobro de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y tribunas. Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de julio, el gobierno local prevé ingresar por esta vía 135.890 euros, casi trece mil euros más que el año anterior en el que se recaudaron 123.147 euros.
El cobro de esta tasa se inicia en un contexto de polémica por las quejas vecinales y políticas sobre la invasión de terrazas y veladores en la vía pública. El gobierno local anunció el pasado año una modificación en la ordenanza municipal para incorporar mayores restricciones pero todavía no se conoce el borrador. Recientemente, el BNG ha trasladado a la correspondiente junta de área una queja por esta situación, ya que según denuncian los nacionalistas, ni se aprueba una nueva normativa ni se exige el cumplimiento de la actual.
