La Subdelegación del Gobierno requirió al Concello de Ourense documentación relacionada con la aprobación del Acuerdo Regulador para los empleados públicos, y que por el momento no han recibido. Además del acuerdo plenario, que permitió su aprobación con los votos del grupo socialista y el BNG, la petición se centra en los informes que emitieron los técnicos municipales.
La polémica suscitada con el Acuerdo Regulador llegó ya al Tribunal de cuentas, que procedió a la apertura de diligencias en la sección de enjuiciamiento por indicios de responsabilidad contable, después de que el interventor municipal cumpliese su advertencia de que presentaría una denuncia si se seguía adelante con el pago de diferentes conceptos retributivos.
Se trataba del pago de los pluses, como la nocturnidad, festividad, trabajos realizados para otros concellos y las ayudas sociales, que se convirtieron en el centro de la discrepancias. En su informe el interventor advertía de las supuestas irregularidades, lo que llevó al grupo municipal del Partido Popular a abstenerse, mientras que Democracia Ourensana votó en contra del Acuerdo Regulador, atendiendo de esa forma lo que indicaba en su informe el técnico municipal.
Después de las protestas por parte de funcionarios, principalmente de Bomberos y Policía Local, los más afectados, que ocuparon la entrada a la Alcaldía, un acuerdo entre el alcalde, Agustín Fernández, con los representantes de todos los sindicatos del Concello hizo que se volvieran a pagar los pluses.
Eso hizo que el interventor municipal, como había anunciado, remitiese el informe elaborado, contrario a que se incluyese en las nómina de los funcionarios al considerar que no estaban contemplados en el esquema del Estatuto Básico del Empleado Públicos, cuestión con la que discrepaban otros funcionarios que emitieron otros informes.
Informes
Pero el Tribunal de Cuentas procedió a la apertura de la correspondiente investigación, una vez recibido el escrito-denuncia del interventor, a la vez que requería una serie de informes, como el de la Abogacía del Estado, del propio Concello de Ourense y de la Fiscalía, para determinar la existencia de indicios delictivos.
Un proceso que sigue su camino, mientras el Concello de Ourense adoptó el acuerdo de iniciar la revisión de oficio del acuerdo regulador, una vez que otro informe de la asesoría jurídica advertía, al igual que hizo el interventor, que tanto los pluses como las ayudas sociales "no están ajustadas a derecho", tal y como se contemplaban.
