La falta de respuesta por parte del gobierno socialista y las presuntas irregularidades detectadas en el proyecto de la Molinera, que se convertiría en un Centro de Conocimiento, llevaron al grupo municipal a reclamar la constitución de una comisión de investigación, formada por representantes de todos los grupos políticos -PSOE, PP, BNG y DO-, que tiene como objetivo aclarar la gestión realizada.

El portavoz popular, Rosendo Fernández, que presentó la iniciativa que se llevará al pleno de junio, y que estuvo acompañado por los ediles Beatriz Tejada y Aurelio Gómez, aseguró que "estamos ante otro ejemplo de "nula gestión" del "dividido" gobierno socialista, de ahí la necesidad de una comisión que investigue todo lo que acaeció con el proyecto, así como las certificaciones justificadas y unidades de obras pendientes de ejecutar, ya que a día de hoy sigue paralizada su construcción, y otros aspectos relacionados con la puesta en marcha de lo que se pretendía fuese Centro de Conocimiento "La Molinera".

Sostiene Fernández que "son algo más que dudas" las que tiene los populares en un proyecto que se inició hace 5 años y con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros, contando con dos subvenciones del Gobierno central en una obra que está sin acabar y a la que le faltaría el 5%, según los datos del grupo de gobierno, dato con el que discrepan abiertamente el PP, al considerar que "es imposible a todas luces", como reveló la edil Beatriz Tejada.

Certificaciones

Apuntala dicha afirmación en que hace dos semanas el gobierno local anunció que la obra se reanudaría, después de que la empresa adjudicataria, Construcciones Gamallo, entrase en concurso de acreedores, por lo que se paralizó, con un presupuesto de 320.000 euros, por lo que es mucho más de ese 5% lo que falta para rematar la nueva infraestructura.

Pero en lo que hacen especial hincapié los populares es en unas certificaciones presentadas por el constructor después de que se paralizase la obra, por lo que todo hace indicar que se "adelantaron", después de cotejar los documentos del expediente, y sobre los que no tuvieron explicación alguna por parte del gobierno socialista, como aseguró Aurelio Gómez, que además dejaba patente su critica a la estrategia de "entorpecer" la labora de fiscalización y control por parte del grupo popular.

Con la obra paralizada, y después de comprobar que los sucesivos anuncios de que se retomaría no se concretan, Rosendo Fernández subrayó que el Concello está asumiendo un coste por el servicio de vigilancia con una empresa especializada por un importe de 13.260 euros al mes.

También dirigieron sus criticas en relación al proceso aprobado por la Junta de Gobierno, en marzo de 2012, de expedientes de contratación de suministro de ordenadores, proyectores, monitores, servidores, pizarras interactivas, material de laboratorio, audio, vídeo y softwgar por un importe de total de 539.839 euros, y que a día de hoy están sin usar y se convierten en "aparatos obsoletos" sin llegar a estrenarse.

Material obsoleto

Un material que en estos momentos se encuentran en el Centro de Nuevas Tecnología, sin actividad, y que el gobierno socialista utiliza como almacén de todo el aparataje destinado al Centro de conocimiento, como indicó Beatriz Tejada, que además lamentó que la "inoperancia" demostrada lleve a que "conviertan lo que debería ser un Centro de Conocimiento en una sala de ordenadores".

Y aunque el concejal de Hacienda, Vázquez Barquero, aseguró que se trata de un "mal cálculo", en lo que se refiere a la compra de ordenadores y el resto de material, y justifica que "nadie pensaba lo que pasaría con la empresa adjudicataria", Beatriz Tejada asegura que es un "error grave de planteamiento", y entiende que existen formulas para demorar la compra de ordenadores hasta la finalización de la obra y su recepción por parte del Concello, aunque se tratase de una subvención.

Otra de las cuestiones que pusieron encima de la mesa los populares está relacionado directamente con la reanudación de las obras que falta de la infraestructura. Aurelio Gómez señaló que son más que sospechas, y dijo estar convencido de que el gobierno socialista recurrirá a una empresa, como hace frecuentemente, para que les ayude a "salir de esta parálisis en la que están inmersos por causa de gestión e inoperancia", como es Tragsa.