Unos sesenta trabajadores realizaron una cacerolada ante el edificio administrativo de la Xunta, a las 11,30 horas, por temor a que se puedan suprimir más de 1.200 puestos de trabajo este año en la administración gallega, con la finalidad de conseguir un ahorro de dos millones de euros. Los sindicatos convocantes, CIG, UGT, CC OO y CSIF, protestaron en la jornada de ayer contra los 59 despidos realizados por la Consellería de Traballo, correspondientes a trabajadores laborales indefinidos, además de criticar que se hayan amortizado 500 puestos, al dejar sin cubrir plazas que quedaron vacantes por jubilaciones y traslados.

Sin embargo, el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, advierte que de los 59 puestos perdidos, solo corresponde uno a esta provincia, en la que además se realizan diez nuevas contrataciones, para el centro sociocomunitario y la residencia de la tercera edad de O Carballiño y la residencia de la tercera edad Nosa Señora dos Milagres en Ourense.

Los trabajadores despedidos, con una media de ocho a diez años de antigüedad, previsiblemente cobrarán unos 10.000 euros de indemnización, que podrían convertirse en 30.000 en el caso de que se declaren improcedentes los despidos, pero el responsable de administración de la CIG, Manuel Gallardo Canitró, teme que la administración autonómica "intente echarlos a la calle sin ningún tipo de compensación", alegando que han finalizado sus contratos.

Los trabajadores están convencidos de que Traballo, Cultura, Educación y Medio Rural realizarán nuevos recortes de personal. "Tememos que el camino marcado por la Consellería de Traballo va a tener continuidad en la totalidad de los departamentos de la Xunta", indica Manuel Gallardo. Y lamenta que luego se suplan mediante la externalización de servicios, "con un mayor coste económico".