Los afectados por la comercialización de participaciones preferentes y subordinadas se movilizaron ayer en la delegación provincial de la Agencia Tributaria en un acto más de protesta contra la ralentización de los procesos de arbitraje y la demora acumulada en la recuperación de sus ahorros. "Seguimos estafados y sin nuestro dinero, mientras Novagalicia Banco se recapitaliza a nuestra costa", criticó Juan Carlos Vélez, uno de los portavoces de la plataforma de afectados de Ourense.

Los preferentistas entraron en la sede de Hacienda a las 10,30 horas y se concentraron en la planta baja identificados por sus camisetas amarillas para "hacernos visibles ante la sociedad y no dejar en el olvido esta gran estafa". En Hacienda coincidieron con decenas de contribuyentes que tramitan su declaración del IRPF, una obligación tributaria que también ha generado dudas entre los preferentistas que han recuperado el dinero que creían a plazo fijo pero que en la declaración de 2012 "figura como venta de acciones a pesar de que los contratos han quedado anulados".

La plataforma denuncia que el arbitraje "está bajo mínimos" y que el pasado mes de abril solo se resolvieron 60 casos en toda la provincia, según los datos que les ha facilitado el Instituto Galego de Consumo. Solo en la capital, explicó Vélez, hay unos cinco mil ahorradores pendientes de esta vía. Esta frenada al arbitraje empieza a desesperar a los afectados que ven como único camino la denuncia judicial, a pesar de ser un proceso "más largo y costoso" y que muchos no pueden asumir.

En este sentido, los preferentistas de Ourense califican de "injusticia" que esta vía para recuperar lo invertido "solo llegará a un máximo del 20% de los afectados". Para Vélez, lo "justo" sería que se viesen todos los casos "porque muchos que reúnen las condiciones para ser arbitrados se están quedando fuera porque ni siquiera los están viendo".

La falta de información es, precisamente, uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra este colectivo a la hora de diseñar su defensa y acción contra el bloqueo de sus ahorros. Muchos de ellos han respondido al ofrecimiento de la Diputación de Ourense, que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afectados. Desde que se abrió el teléfono para concertar cita, llueven las llamadas. En las últimas semanas de abril se registraron 70 demandas de asistencia y los ayuntamientos han recibido una circular para que informen a sus vecinos de la posibilidad de utilizar este servicio gratuito.