El alcalde, obligado a suspender la adjudicación del servicio de limpieza de edificios municipales

Los recursos especiales presentados por dos empresas que optaban a la concesión dada a Seralia avisan de supuestas irregularidades - Señalan que pueden terminar en la vía penal

15.05.2013 | 10:13
Entre los edificios municipales se incluye los centros cívicos, como el de la calle Colón. // Iñaki Osorio
Entre los edificios municipales se incluye los centros cívicos, como el de la calle Colón. // Iñaki Osorio

Al alcalde de Ourense, Agustín Fernández, no le quedó otra que firmar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de suspensión automática de la adjudicación del servicio municipal de limpieza de edificios municipales que estaba a punto de ser contratado con la empresa Seralia, al proponerlo la mesa de contratación como la "oferta más ventajosa".

Una decisión de paralización que adelantó FARO en su edición del miércoles, 8 de mayo, después de tener conocimiento de la presentación de un recurso especial en materia de constatación por parte de la empresa Procedimientos de Aseo urbano PAU, del grupo Vendex, que en estos momentos continúa realizando el servicio, a la que se le acaba de añadir otro de la SG Ferpesa, y que se habían presentado al concurso, junto con otras once empresas.

Una suspensión que se prolongará hasta que el órgano jurisdiccional no decida acerca de la misma, aunque por parte de las empresas que presentaron el recursos especial se advierte de llegar hasta la vía penal, debido a las supuestas irregularidades detectadas en el proceso y que argumentan en el propio recurso presentado.

El gobierno socialista aprobó la nueva concesión a Seralia, que tiene un presupuesto de contrata anual de 914.572 euros, pero que no se llegó a formalizar, después de un controvertido proceso de adjudicación que se fue demorando en el tiempo, sobre todo después de que un funcionario de la Concejalía de Servicios Generales, de la que es responsable el edil José Carlos Martínez-Pedrayo, fuese imputado en la operación Pokémon, y que llevó consigo la dimisión del exaclade, Francisco Rodríguez.

Las dos empresas que pespuntaron el recurso especial esgrime como uno de los motivos de la nulidad del proceso de adjudicación la "falta de motivación", que entienden genera "indefensión".

Además, en el recurso presentado por una de las empresas se hace referencia a determinadas "irregularidades" en la valoración que realizaron los técnicos y que luego pasaron a la mesa de contratación. Y señalan que dos de las 13 empresas que concurrieron habrán "sobrepasado" el límite exigido para la presentación de la documentación técnica, y en el caso de la que finalmente fue la elegida, Seralia, existiría un "incumplimiento" en la utilización del modelo de oferta económica que se contemplaba en el pliego de condiciones técnicas-administrativas.

En función de la documentación a la que tuvieron acceso los representantes de la dos empresas que presentan el recurso, se concretaría que la resolución de adjudicación es nula por haberse "apartado" la valoración de las ofertas del procedimiento legalmente establecido.

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