El Concello de Ourense continúa realizando contrataciones en materia de personal a pesar de que el abogado del Estado los había recurrido ante el Contencioso- Administrativo, y después de que un juez advierta de que pueda incurrir en un presunto delito de prevaricación de seguir por ese camino, como así lo señala una sentencia que anula los contratos realizados por el Concello de A Rúa.
Así, mientras el sindicato CSIF, denuncia nuevas contrataciones, como hizo en su momento ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense, por entender que se está vulnerando el Real decreto del Gobierno central relativo a la reposición cero de personal en las administraciones, salvo en casos de "urgente necesidad", y en servicios concretos, que llevaron al abogado del Estado a presentar el correspondiente contencioso, el juez en la sentencia sobre las contrataciones en el de A Rúa es de lo más contundente: "De seguir contratando personal, con tan grosera omisión del procedimiento establecido y vulneración de la legalidad vigente, los responsables municipales podrían cometer un delito de prevaricación".
Es por eso que con estos antecedentes, el sindicato dice estar sorprendido con estas actuaciones, no tanto con la actitud que viene manteniendo la concejala no electa, Carmen Rodríguez, que esperan le quede poco en el cargo, ya que en esta semana se procedió a realizar pruebas de selección para las contrataciones de, entre otros: 1 ingeniero de caminos, canales y puertos -sin que exista vacante en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello, y existan 3 en plantilla-, 1 arquitecto y 2 arquitectos técnicos.
Lo que tiene claro el representante de CSIF, José Manuel Rodríguez, con la documentación que tienen en su poder, es que se ha "trampeado" la contratación de personal, denunciando ante la Subdelegación del Gobierno, en el caso de conserjes de edificios municipales para Bienestar social, por una nueva fórmula que se denomina contratación de servicios, y que consiste en contratar una empresa que es la que realiza las contrataciones del personal para el Concello.
Sostiene Rodríguez que se trata de una "puerta falsa" con la que se eluden las listas de contratación y que no descarta el poder "fichar" a las personas que anteriormente desempeñaban estos puestos, como así sucede en algunos casos de los que tienen conocimiento. Es por eso que, de seguir con estos procesos de selección y la contratación de estos trabajadores por parte de la concejala no electa de Personal, procederán a presentar denuncia de nuevo ante la Subdelegación del Gobierno, y remitirá a la Abogacía del Estado toda la documentación pertinente.
El objetivo es que estudie la procedencia o no de estas contrataciones, y si la resolución de la administración incurre en "infracción legal y desviación de poder", como así se plasma en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo en el caso del Concello de A Rúa, que es similar al de Ourense, que llevó a la revocación de esa resolución municipal y la dejo sin efecto.
Y si como se demuestra en otros concellos, puede existir responsabilidades municipales por esa supuesta prevaricación en esas contrataciones que se indica en la sentencia, y de las que serían responsables la edil no electa y el propio alcalde.
