Pokémon regresó ayer a O Carballiño. La juez de Instrucción Numero Uno de Lugo, Pilar de Lara, investiga la relación histórica de contratos y adjudicaciones en el municipio ourensano a varias empresas, durante gobiernos del PP -al mando desde 2011- pero también del PSOE. Los investigadores estudian, en particular, los servicios facturados por una firma de desbroces y obras forestales cuyos propietarios, un matrimonio de la localidad, fueron detenidos en septiembre al estallar la operación. La firma se habría beneficiado, además, de la adjudicación de trabajos de mantenimiento y limpieza en bosques y ríos a cargo de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que presidía Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Urbanismo de Lugo, uno de los presuntos cabecillas.
La magistrada Pilar de Lara, que desentraña bajo un prolongado secreto sumarial una trama con más de una treintena de políticos, funcionarios y empresarios imputados, envió ayer a Vigilancia Aduanera a dependencias del Concello de O Carballiño para recabar contratos, expedientes y facturas relacionados con obras y adjudicaciones durante el actual mandato de Argimiro Marnotes -imputado por tráfico de influencias y revelación de secretos -, pero además relativos a la época del PSOE. Los socialistas gobernaron O Carballiño, cuna de su secretario xeral Pachi Vázquez, durante 16 años, entre 1995 y 2011.
Avanzado el mediodía de ayer, un agente aduanero se presentó con el mandato judicial en la secretaría del ayuntamiento para recabar la relación de expedientes de contratación actuales e históricos de varias sociedades. El alcalde se enteró de la presencia de la autoridad minutos más tarde y aseguró, en su despacho, que los papeles incautados recogían adjudicaciones y servicios de "varias empresas". Preguntado por si la orden judicial tenía que ver con alguna adjudicataria como Aquagest, el regidor se basó en el secreto sumarial para negar más datos. "Yo no digo nada más; no puedo, no debo, ya me gustaría". Según el alcalde, el agente no inspeccionó ordenadores ni tomó declaración a ningún funcionario.
Los contratos de desbroces tendrían que ver con concesiones de pequeño o mediano volumen, muchas de las cuales no pasaban la criba del concurso público, y en la que presuntamente la firma del matrimonio imputado concurría junto a otras dos sociedades que resultaban ser del mismo empresario para dar apariencia legal.
Facturas de 2001
La búsqueda de la magistrada Pilar de Lara se remonta a años anteriores de gobiernos con alcalde socialista. En medios del PSOE lo relacionan con la declaración en el juzgado de Marnotes, al que atribuyen haber asegurado que la relación con algunas firmas "venía de años atrás".
Funcionarios municipal se desplazaron al archivo municipal, situado en una nave del Polígono de A Uceira, a las afueras de la localidad, para recoger contratos y algunas facturas que se remontarían incluso al 2001. El agente de Vigilancia Aduanera abandonó las dependencias del concello carballinés a las dos de la tarde.
Marnotes, que mantiene los cargos de alcalde y diputado provincial -Baltar delegó en él la negociación del ERE que acaba de ser cuestionado por el TSXG- permanece imputado, sin medidas cautelares por tráfico de influencias y revelación de secretos. El regidor trabajó para Vendex antes de ser regidor -fue director de obra del depósito de la grúa en O Cumial así como de las oficinas de la empresa en Ourense- y admitió públicamente que la filial DOAL, uno de los epicentros de la investigación, le instaló y no le cobró 300 metros cuadrados de césped en su chalé.
Marnotes vinculó su implicación en la causa, por la que tuvo que declarar el pasado marzo, con una "vendetta" de la empresa por haber paralizado la contratación de la ORA a cuya fase final solo aspiraba Vendex. El regidor imputado integraba la mesa de contratación cuando era portavoz del PP en la oposición y anuló el proceso, con el informe de técnicos, al llegar al gobierno.
La paralización en esa fase suponía que el grupo tuviera derecho a indemnización, aunque no llegó a reclamarla. Los responsables del caso no descartan que la presunta empresa corrupta hubiera puesto sobre la mesa una compensación de otro tipo, como la concesión de un servicio de nueva puesta en marcha en O Carballiño. La juez también estaría investigando, apoyada en escuchas telefónicas, supuestos regales y pagos de favores, como un reloj de 600 euros, cestas de navidad o gratificaciones económicas.
