El magistrado se apoya en la Policía para contrastar la veracidad de hasta 3 horas diarias anotadas por la empresa a la jornada de alguna trabajadora en concepto de supuestos desplazamientos de domicilio a domicilio, cuando la ciudad y a lo sumo la periferia del rural eran el radio de acción. La UTE facturó ese concepto en contra del pliego. Cinco auxiliares en plantilla de la empresa testificaron el lunes, en turnos de mañana y tarde, en la Comisaría de As Lagoas. Agentes de la UDEV analizan si las horas de desplazamiento facturadas -y que encarecían los pagos por encima del trabajo realmente prestado a los mayores dependientes- se corresponden con el tiempo real empleado entre domicilio y domicilio por las trabajadoras en una jornada, dada la existencia de facturas de regularización que, por ejemplo en 2007, el primer año de la concesión investigada, sumó a mayores cerca de 100.000 euros a petición de la edil, según uno de los empresarios, para alcanzar así el tope anual de gasto.
Dos de estas sospechosas facturas corresponden a 2008, por un importe de 236.000 euros, fueron aportadas por Democracia Ourensana en la denuncia la denuncia que inició la causa. DO, personada como acusación, cree que esas hojas de regularización fueron falsificadas y se pregunta el destino del dinero.
