El presidente de la Diputación de Ourense que promovió el primer ERE en una administración pública gallega para despedir a 32 indefinidos (finalmente 25), Manuel Baltar, se erigió ayer en defensor de los puestos de trabajo y del empleo en la provincia. Recibió a los trabajadores de la fotovoltaica T-Solar en la sala de juntas de la institución y mostró su apoyo asegurándoles, según relató después el presidente del comité de empresa, Isidro Blanco, que ya abordó el asunto con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada, aunque sin desvelar el contenido de la conversación.
Baltar Blanco se puso a disposición de los 170 trabajadores amenazados por un ERE de extinción y recalcó su interés por que la empresa, actualmente en concurso de acreedores, mantenga los puestos de trabajo. Para el presidente de la Diputación, este volumen de despidos causaría un importante impacto en la provincia.
Por ello, se comprometió con el comité de empresa a realizar las gestiones oportunas frente a a la Xunta de Galicia para que la resolución de este conflicto "tenga el menor impacto negativo sobre los trabajadores". Para Manuel Baltar, la situación que atraviesa la empresa y que afecta a 170 familias es "muy dolorosa" porque causa impacto en el empleo provincial. Además, el presidente recordó que se trata de un proyecto en el que se implicó el gobierno provincial aportando una ayuda de 100.000 euros a través del Inorde entre 2008 y 2009 para facilitar el arranque de una compañía que llegó a situarse entre las más pujantes del mercado mundial de la energía solar. En total, recibió 65 millones de euros de ayudas públicas en cinco años y acumuló una deuda de 61 millones que derivó en el concurso de acreedores y la amenaza de cierre por falta de actividad. En el último año, la fábrica instalada en el Parque Tecnológico no recibió ni un solo pedido de placas solares.
Precisamente hoy se celebra la segunda reunión correspondiente a la fase de negociación del ERE. El comité de empresa está citado por los administradores concursales a las 12 horas en la planta de producción y les recibirán con una movilización en la que está previsto que participe toda la plantilla.
Los trabajadores han decidido recurrir a la presión social y además, demandan el apoyo de las administraciones que contribuyeron con fondos públicos a la puesta en marcha de esta empresa. La Consellería de Industria advirtió la semana pasada que reclamará los 5 millones que le prestó en 2010 si no mantiene los puestos de trabajo.
