El alcalde defiende que la AR-10 ya era urbanizable antes de aprobarse el PXOM

Freire Couto afirma que los propietarios que vendieron parcelas a ediles y constructores conocían el valor real del suelo y su edificabilidad

08.05.2013 | 07:34
Freire Couto, alcalde de Barbadás. // Brais Lorenzo
Freire Couto, alcalde de Barbadás. // Brais Lorenzo

El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, niega cualquier tipo de "interés personal" en la modificación puntual aprobada en julio de 2011 sobre el PXOM de 2002 para desarrollar el área de reparto AR-10 que prevé nueve torres de ocho alturas en suelo clasificado hasta entonces como rústico. Asegura que se realizó "por exigencias de la Xunta" cuando el Concello de Barbadás pretendía construir un instituto a través de un PERI. El gobierno gallego "nos dijo que tenía que ser a través de una modificación del PXOM y así lo hicimos, con todos los informes técnicos y sometiéndolo a la aprobación del pleno".

Freire Couto negó ayer cualquier tipo de recalificación asegurando que las parcelas "ya eran urbanizables incluso antes de que se aprobase el plan urbanístico". Explica que se trata de terrenos "que están como monte pegados a la zona urbana, pero que siempre tuvieron la misma calificación". La única diferencia, matiza, "es que antes tenían unas características (que dice no recordar) y lo que se hizo fue crear un polígono para transformarlo en urbano".

La modificación de 2011 favoreció a los propietarios de las parcelas que vieron multiplicado el valor del suelo, entre ellos, exconcejales constructores del PP y a él mismo a través de la empresa Eichoa SL de la que son administradoras su mujer y su hija. El regidor admite que se realizaron transacciones de parcelas "pero sin tráfico de influencias". Es más, insiste en que todos los que vendieron conocían el valor del suelo y la edificabilidad prevista "porque estuvo en exposición pública".

El regidor se siente víctima de una "polémica estéril" y asegura que en A Valenzá "compraron los de aquí y los que vinieron de fuera", en referencia al grupo de constructores que promovieron el desarrollo urbanístico de la avenida de Celanova, algunos de ellos imputados por fraude y otros que formaron parte del grupo de gobierno, y advierte de que la AR-10 podría quedarse sin desarrollar por falta de crédito tanto público como privado.

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