Alberto Ruiz-Gallardón aseguró ayer que no existe "urgencia" en el Gobierno por aprobar la reforma legislativa, pero avanzó que estaría disponible esta legislatura, por lo que el partido judicial de Vigo desaparecería en el plazo de dos años. Las principales consecuencias, tal y como lo redacta la Comisión Institucional de Expertos creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo, serían las siguientes:

Sin decisión. Al crearse la sede judicial uniprovincial desaparecería la demarcación de Vigo y será la sala de gobierno de Pontevedra la que decida en cada momento qué numero de jueces tienen que estar en cada uno de los órganos jurisdiccionales.

Sin Audiencia. La ciudad perdería las dos salas de la Audiencia Provincial, puesto que estos tribunales desaparecen y habría que recurrir directamente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) o el Supremo.

Sin Primera Instancia. Tampoco habría juzgados de Primera Instancia, los más cercanos al ciudadano, y sería de nuevo Pontevedra quien distribuiría la carga de trabajo.

Sin especialidades. Juzgados como los de Familia o Violencia Doméstica se concentrarían en Pontevedra, aunque ayer el ministro dejó abierta la posibilidad de que los de Mercantil vengan a Vigo.