Es una referencia más de la estrategia diseñada en su momento para obtener un rendimiento urbanístico en el Concello de Barbadás, y del que se beneficiarían la empresas de familiares del alcalde, el popular José Manuel Freire Couto -en este caso Eichoa S.L, que tiene como administradoras a su hija y a su mujer-, así como a exconcejales populares vinculados al sector inmobiliario y de la construcción, como Felipe Rodríguez Vide, y a empresas del sector con amplia actividad en el municipio y vinculados con el propio regidor, como es el caso de Maexpa-Mahía, en este caso a través de Nextable-Gestao de Propiedades Lda, así como Villaescusa Gestión S.L., con Fernando Copa y Manuel Ramos al frente.
Todo estaba preparado y diseñado, tanto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Barbadás como en las dos posteriores modificaciones, aprobadas por el alcalde y el grupo de gobierno del Partido Popular, y que no habrían pasado por pleno ni por la correspondiente comisión informativa, como así lo aseguran los grupos de la oposición -PSOE y BNG-, que en su momento cuestionaron una operación que estaba bajo la sospecha de un negocio urbanístico de primera magnitud. La clave de toda la operación estaba en convertir terreno de calificación rústica a suelo urbanizable, en donde se podría construir.
Calificación de suelo
El objeto de deseo urbanístico, para seguir esa desenfrenada carrera constructiva que tiene como espejo la zona de A Valenzá, es la denominada área de reparto (AR-10), que se encuentra frente al conocido como parque de los Patos, en la carretera N-640, de Ourense a Portugal, próxima a dos estaciones de servicio. Los documentos a los que tuvo acceso FARO son de lo más reveladores, ya que ponen de manifiesto que los propietarios de las parcelas vieron cómo el valor catastral de las mismas se disparó debido a las previsiones que había de edificabilidad.
Unas previsiones que contemplaban en torno a 500 viviendas, en un área con 76.000 metros cuadrados, de los cuales 66.000 tenían destino residencial, y de los que 51.000 eran para construir en altura, mientras que otros 5.700 eran para suelo comercial.
Destaca la parcela 1400000UB, de Felipe Rodríguez Vide, con un total de 2.605 metros cuadrados y un valor catastral de 223.946,07 euros, mientras que UQ y la 2500000UD, con Fernando Copa y Ramos, con 988 metros cuadrados entre las dos, cuentan con un valor catastral de 72.933,14 euros, a la que se le suma la UKL de Villaescusa Gestión S.L, de 744 metros cuadrados y un valor catastral de 54.921,31 euros. Mientras que la de Eichoa S.L, con 345 metros cuadrados, su valor es de 25.467 euros.
Se había convertido en la nueva aventura urbanística, en la que el alcalde de Barbadás, Freire Couto, tenía de "compañero" de viaje al administrador general de Mahía, Ramón López Casal, que está imputado por un juez de Valladolid por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho, y que se llevó la palma en la construcción de viviendas en A Valenzá, alrededor de 300, y a la espera de seguir por esa senda de no cruzarse en su camino la burbuja inmobiliaria y la crisis.
No es el único de los habituales con los que el alcalde trazaba el futuro urbanístico, y en esa operación aparecen otras empresas de las que sus responsables tuvieron participación activa, como el constructor Fernando Copa, al que una brigada de Medio Rural procedió a limpiar un finca de su propiedad.
