La reducción de puestos de trabajo para llegar a la plantilla que Manuel Baltar considera ideal para la Diputación, con el fin de situarla en torno a 600 puestos -frente a los 1.000 que llegó a tener con su padre, José Luis Baltar-, podría suponer un coste para las arcas públicas de quince millones de euros. De momento ha abonado a los 25 trabajadores que ha liquidado mediante un Expediente de Despido Colectivo (EDC) 400.000 euros, que se convertirán en 800.000 si el Tribunal Supremo confirma la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al interpretar que no estaban justificadas las causas económicas. El despido de los 150 operarios sobrantes, en el caso de que llegue a plantearse, supondría 14,4 millones de euros, siempre que sea declarado improcedente -si la resolución judicial es favorable al Pazo Provincial se reduciría a 7,2 millones-, por lo que la institución tendría que abonarles a los afectados 45 días por año trabajado, en lugar de los veinte que contempla el EDC.

Manuel Baltar explica que la Diputación ha recurrido ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque "continúa creyendo lo mismo que creía cuando presentó el expediente de despido colectivo". Destaca que el TSXG "nos dio la razón en todas las cuestiones", salvo en el número de días a indemnizar, por lo que ahora busca "el reconocimiento completo de nuestras pretensiones", después de que el alto tribunal gallego interpretara que "no se ajusta a derecho".

Los 25 operarios afectados por el primer expediente de despido colectivo ya recibieron las indemnizaciones, de veinte días por año trabajado, que supusieron un desembolso económico para la Diputación de 400.000 euros, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. En el supuesto de que ratifique la sentencia del TSXG, la cantidad superaría los 800.000 euros.

Manuel Baltar había indicado hace unas semanas que "lo ideal" sería que la plantilla de la Diputación tuviera de 600 a 650 trabajadores, pero ahora precisa: "No dije que fuéramos a llegar a ese número de reducción". Y señala: "Nosotros estamos en un proceso permanente de redimensionamiento de la institución, que pasa por una evaluación continua de todas las áreas y servicios. Hicimos un esfuerzo importante desde el 6 de febrero de 2012 hasta la actualidad, con casi el 22% menos de trabajadores, y vamos a seguir con esa política", para que la institución se centre en las competencias que le corresponden.

Las reformas laborales emprendidas se deben a que la situación económica "es diferente". En cuatro años la Diputación "cuenta con 22 millones de euros menos de presupuesto".