Graciana da Natividade duerme en el Concello de Ourense y se acuesta en el Barbadás, sin necesidad de salir de casa. Los lindes oficiales entre ambos municipios trazan un ángulo obtuso imaginario que divide su vivienda administrativamente en dos.

Es el ejemplo más insólito del caos de municipalidades que padecen desde hace lustros los 120 vecinos de la Finca Fierro, a los que la guerra de lindes que se entabló hace ya 20 años entre los concellos de Ourense y Barbadás les convirtió legalmente en ciudadanos, al pasar a pertenecer sus casas al Concello de Ourense, pero los dejó en una situación de desamparo que ha devaluado sus propiedades, al convertirlas en muchos casos de suelo edificable en suelo rústico, les dificulta el trámite de cualquier licencia rutinaria y les ha hecho clamar al unísono la vuelta a sus orígenes: quieren volver a ser vecinos de Barbadás.

"Pagamos la mayoría de nuestros impuestos en Barbadás, salvo el IBI que nos los cobra Ourense y queremos seguir perteneciendo a nuestro concello; nunca solicitamos ser de Ourense. Esa es una de las cláusulas del acuerdo y tienen que cumplirlo", recuerda Luisa Yáñez, presidenta de la asociación vecinal de Finca Fierro.

El convenio al que se refieren los vecinos fue alcanzado en junio de 2006 entre el entonces alcalde de Ourense Manuel Cabezas (PP) y el de Barbadás, el también popular José Manuel Freire Couto, aún en el cargo. Fijaba un traspaso geográfico por el que Ourense cedía a Barbadás las viviendas de Finca Fierro, y este último concello le traspasaba a su vez al municipio de la capital unos terrenos ribereños en Outariz que permitirían, como así hizo Ourense, construir un estacionamiento para las termas, un restaurante y ampliar la línea del transporte urbano hasta Reza.

Pero siete años después todo sigue igual. Luisa, infatigable activista por la devolución de los derechos de los vecinos de Finca Fierro, salió ayer a la calle acompañada por una amplia representación de afectados, que se apostaron en el punto de conflicto, esa raya divisoria de rúa Milladoiro y rúa dos Lindeiros que se ha convertido en territorio ocupado, una especie de Gaza administrativa para los afectados.

"Cuando mi casa pertenecía a Barbadás pagaba 400 euros al año por el IBI, ahora que soy de Ourense me cobran 700 euros y me enviaron 3.000 euros de recibos atrasados, de eso no se olvidaron. Pero cuando quiero pedir algo no existo", protestaba ayer Ramón.

Ahí estaban otras vecinas como Josefa Fernández, cuya finca de alto valor por ser edificable antes del cambio de lindes, se ha convertido tras ser incluida en los límites de Ourense como suelo rústico. "Ahora ya no le dan ni un euro por ella", lamenta un familiar.

El galimatías legal tiene un precio muy alto en materia de solicitud de licencias. "Nos dan largas, un concello demanda al otro, esto es un cachondeo y no puedes hacer ninguna obra en casa" protesta Ramón Gil.

Lo más difícil de digerir para los afectados es que "tenemos constancia por un técnico del Concello de Ourense que el tema no salió adelante porque el convenio quedó olvidado en un cajón", señalaban ayer los vecinos.

Solo la edil de Democracia Ourensana Susana Gómez se ha interesado por su caso y les ha confirmado que, según la edil e Urbanismo el tema está en marcha. Pero ayer nadie dio confirmación oficial.