Las asistencias técnicas que de forma reiterada contrata el Concello de Ourense han pasado de suscitar recelos en los grupos de la oposición a la denuncia directa, con el soporte argumental de los informes emitidos por la Intervención Municipal, que además de "reparar" su pago, alerta de que con este tipo de procedimiento "se transforma a contratados en empleados públicos.

Para el Partido Popular tiene el agravante de que se trata de "meter a gente afín por la puerta de atrás", ya que se trata de personas ajenas a la administración que utilizan las dependencias municipales, a cambio de "informes pagados y a la carta".

A este respecto, las acusaciones se centran en la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por entender que convirtió lo que es una excepcionalidad en norma de actuación, y rechazan de plano la justificación dada, relacionada con el "exceso de trabajo" y las jubilaciones que se produjeron.

Y para concretar su denuncia, el portavoz popular, Rosendo Fernández, advierte que de inmediato se producirá "lo que tantas veces viene reiterando en sus informes el interventor", en el sentido de que un trabajador de asistencias técnicas contratadas por la edil de Urbanismo se convertirá en personal laboral del Concello, ya que con los datos de que disponen habría denunciado ante el juzgado, incluso antes de que se le acabase el contrato de la asistencia técnica. Para acusar al gobierno socialista de gastar más de 2,6 millones.