Desde que el 20 de septiembre de 2012 se produjese la detención del alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, por corrupción en la Operación Pokémon, que sigue investigando la titular de l Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, el Concello entró en una fase judicial que derivó a que a día de hoy sean diez las personas imputadas, entre políticos y funcionarios, relacionados con diferentes asuntos, como los de Ayuda a Domicilio, la Plaza de San Antonio y la venta de una parcela municipal a la empresa Copasa, entre otros.
Si la Operación Pokémon llevó a la detención del ya exalcalde, en libertad bajo fianza, le siguió la del ya exconcejal del BNG, Fernando Varela, y del superintendente de la Policía Local, Abelardo Ulloa, imputados en la operación de corrupción.
Pero no fueron los únicos, ya que con posterioridad la titular del Juzgado de Lugo también imputó al jefe de servicio de ahorro y eficacia energética del área de Servicios Generales del Concello. Su imputación estaría relacionada con la redacción "a la medida" del pliego de condiciones técnicas y administrativas para poder adjudicar el servicio de limpieza en colegios públicos y en centros municipales al grupo Vendex, en este caso a la empresa Procedimientos de Aseo Urbano (PAU), como así lo confirmaron fuentes próximas a la investigación.
Las grabaciones de las que dispone la juez Pilar de Lara, de conversaciones entre el jefe de servicio y el exalcalde Francisco Rodríguez -acusado de cohecho y prevaricación y en libertad bajo fianza de 6.000 euros- fueron determinantes para que fuese citado a declarar como imputado, ya que podría haber cometido un delito al "diseñar" un pliego dirigido a que se le adjudicase el servicio municipal al grupo Vendex.
Ayuda a Domicilio
Y si en la Operación Pokémon son dos los políticos implicados -que ya no forman parte de la Corporación municipal- y dos funcionarios los que se encuentran imputados, es el denominado caso de la Ayuda a Domicilio, por presuntas irregularidades en la gestión del servicio municipal, que fueron denunciadas por el grupo de Democracia Ourensana, el que tiene mayor número de imputados.
En total son cinco las personas que están imputadas por el juez que se encarga de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, como es el caso de la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde, Marga Martín, que prestaba declaración el miércoles, y a la que se le mantuvo la imputación, junto con la actual jefa de servicio y la anterior, que ya compareció ante el juez, la jefa de negociado y una técnica de administración general.
La que también se encuentra inmersa en varios procedimiento jurídicos, en condición de imputada, es la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, sobre presunto delitos de prevaricación relacionados con la concesión de licencia de un muro en el entorno del matadero municipal, en lo relacionado con la Plaza de San Antonio, y el último en llegar es el de la venta de una parcela de titularidad municipal a la empresa Copasa, que en estos momentos se encuentra en el Contencioso-Administrativo, aunque su destino será la vía penal, como señalan fuentes de la investigación.
Ante esta situación, y después de constatar la falta de respuesta a la preguntas que realizaron, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, convencido de que el Concello de Ourense "está intervenido judicialmente", fue especialmente duro en lo relacionado con las imputaciones del caso de Ayuda a Domicilio, y en especial con el comportamiento del alcalde, Agustín Fernández, "que oculta la cabeza bajo el ala", y de la teniente de alcalde, Marga Martín, al proclamar la necesidad de que "caiga quien caiga si es que, aparte de la pata, se metió la mano".
El otro frente judicial abierto está relacionado con la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, tendrá que comparecer en calidad de imputada ante el juez, en la que supone su segunda causa penal por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ese mismo día declarará en calidad de testigo el asesor jurídico del Concello de Ourense, Luis Tros-que ya lo hizo en lo de Ayuda a domicilio-, tras la modificación del calendario del caso que ha sido acordada por el magistrado para el 24 abril.
Seis días antes, el juzgado contencioso dirimirá si el Concello de Ourense gobernado entonces por el exalcalde Francisco Rodríguez malvendió a la constructora ourensana Copasa un solar en la zona de expansión termal a orillas del río Miño de A Chavasqueira que, según los demandantes, fue traspasado sin compensación alguna en vivienda pública, y por algo más de 1 millón de euros, 5 veces por debajo del baremo de mercado.
