La concejala de Benestar Social de Ourense, Marga Martín , entendía ayer que el hecho de que existan hojas de liquidación en la controvertida facturación de ayuda a domicilio modificadas con corrector típex responden a que "se habrán confundido". Es solo una arista más del complejo método de relación económica entre el ayuntamiento, como pagador de la concesión, y la empresa, como encargada de prestar el servicio, un procedimiento con supuestas irregularidades al liquidarse por plantilla y por conceptos no previstos en el pliego como el desplazamiento. Los precios variarían incluso sin una explicación aparente, tal y como señalan las fuentes, entre unas facturas y otras.

Otras evidencias se desprenden de la profusa documentación recabada por el magistrado, no sin resistencias, Envió varias veces a agentes de Policía a reclamar en el Concello expedientes. Las fuentes apuntan a la constancia documental de retenciones de crédito a favor de la empresa anteriores a la propia entrada de la factura en el ayuntamiento.

Un año entero no existió un contrato que diera cobertura legal al servicio. Los pagos de ayuda a domicilio se realizaron durante meses pese a los reparos constantes del interventor municipal. En un plazo de cinco meses, incluso cuando ya estaba en vigor la nueva adjudicación, el exalcalde de Ourense imputado en la Pokémon, Francisco Rodríguez, dio luz verde a 23 facturas -desde un mínimo de 52.933 euros a un máximo de 420.315- a favor de la vieja UTE de ayuda a domicilio, por un importe de más de 1,5 millones de euros, y a pesar de que el interventor advirtió una gestión "irregular" de fondos públicos.