El juez pide un informe a la Policía para cifrar el agujero económico de la ayuda a domicilio

Los agentes examinan facturación del Concello de Ourense con la anterior adjudicataria ante las sospechas de una doble contabilidad - En algunas mensualidades el desfase entre las hojas de pago habría llegado a 40.000 euros

27.03.2013 | 07:38
La secretaria judicial y una funcionaria, con parte de la documentación de ayuda a domicilio. // Iñaki Osorio

La discutida facturación del Concello de Ourense con la anterior empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio -prestó servicio desde que se alzó con la concesión en 2007 hasta 2011 tras prolongar la relación económica un año pese a que carecía de contrato- alberga la parte nuclear de la investigación delictiva que el magistrado de Instrucción Dos, Antonio Piña, está desempeñando ante las sospechas de supuestas falsedades, gestión irregular de fondos públicos y prevaricación. Marga Martín, la concejala responsable del servicio de Benestar Social donde se acumulan las sospechas -cuatro funcionarias además de la edil han pasado o pasarán por el juzgado tras ser imputadas-, se enfrenta hoy a los focos y al interrogatorio del juez a partir de las 9.45 horas, asistida por un abogado y en calidad de imputada. Justo después declarará la jefa de negociado, C.R.

Hasta el momento, Martín, la teniente de alcalde en el actual gobierno socialista en minoría tras la crisis de la Operación Pokémon que derrocó al exalcalde, ha defendido el correcto funcionamiento del servicio privatizado y rechazó de plano dimitir. Tras recibir la citación judicial dijo sentirse "aliviada". "Por fin voy a tener la oportunidad de aclarar al juez todas las dudas que tenga", manifestó a preguntas de los medios.

El magistrado la instó a personarse en febrero, le requisó su ordenador personal para analizar los correos cruzados con la empresa concesionaria -los equipos fueron remitidos por la Guardia Civil a Madrid y su análisis tardará meses- y ordenó en varias ocasiones la recogida de informes y documentación en las dependencias de su concejalía.

La edil socialista comparece tras ser apuntada directamente por dos de sus trabajadoras. Una funcionaria que ejercía como técnica administrativa y una exjefa de servicio la mencionaron como la política que daba las órdenes de pago a la UTE Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios, la empresa investigada cuyo gerente único repite cargo en la prestataria actual del servicio en el hogar.

La técnica señaló al magistrado al menos dos facturas "que no eran reales" en las que se constatan desfases de miles de euros con respecto a la liquidación del servicio de acuerdo a lo fijado en las bases. En julio de 2010, por ejemplo, la diferencia de contabilidad era de 25.000 euros. La funcionaria advirtió a la edil que no podían abonarse horas de desplazamiento de las trabajadoras según determinaba el pliego; apreció liquidaciones que no se correspondían con lo que había que facturar y que convenía rehacer; y negó que fuera suya la letra junto a la firma que consta en las hojas de pago presuntamente infladas. Ella había decidido devolverlas para que se rehicieran tras apreciar el exceso de importe.

El juez investiga una posible doble contabilidad, una doble facturación apuntada por algunas testigos -una extrabajadora aludió a apartes de miles de euros y otra aseguró que las facturas se entregaban a Marga Martín en sobre cerrado- y negada, en cambio, por el gerente único, Alberto López, que el 10 de abril declarará como imputado junto a su exsocio José Fermín Troncoso.

Agentes especializados de la Policía Nacional llevan a cabo desde el pasado viernes el análisis pormenorizado de la facturación que forma parte del expediente judicial. Los investigadores cotejarán las hojas de pago -algunas presuntamente alteradas- para contrastar el trabajo efectivamente prestado con el detalle de la factura que se pagó a la UTE investigada. La técnica imputada C.F.D. señaló en su declaración, el viernes pasado, excesos de 25.000 y 7.000 euros en julio y agosto de 2010. Al mes siguiente, la diferencia estuvo en 40.000 euros, según pruebas documentales.

Fuentes del caso calculan un posible agujero económico sin destino conocido de miles de euros. Superaría el millón de euros, dicen las mismas voces, durante todo el periodo de adjudicación, y sin contabilizar las hojas de regularización para compensar conceptos como los desplazamientos que la edil presuntamente ordenó pagar pese a que el contrato no los contemplaba. Dos de estas facturas, de 236.000 euros y relativas a 2008, dieron lugar al inicio y extensión de este proceso judicial a partir de una denuncia presentada por Democracia Ourensana.

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