La modificación de las actuales tarifas para la utilización del SPA del pabellón de Los Remedios deberán esperar para su aprobación definitiva al pleno del mes de mayo, después de que el gobierno socialista no contase con los apoyos necesarios par incluirla por vía de urgencia en la comisión de pleno de los puntos que se incluirán en el pleno del 5 de abril.
Así, si los grupos de PP y DO se reservaron el voto, el BNG, los exsocios en el gobierno bipartito, optaron por la abstención, con lo que debió quedar aparcada una modificación que se produce a raíz de las denuncias realizadas por el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, de alto coste que supone para los ciudadanos, que se traduce en una escasa utilización de una infraestructura que tuvo una inversión de 1 millón de euros, que llegó a través de los fondos del Plan E.
Una situación que para PP y DO no hace más que demostrar la "nefasta gestión" del gobierno socialista, al no entender como se puede lleva un asunto por vía de urgencia cuando se había tratado con anterioridad.
Los populares tienen claro que esta situación, una más, es consecuencia de que los socialistas están más preocupados por "solucionar sus problemas internos y partidarios que en resolver los de la ciudadanía", como se puede visualizar.
Convenios
Lo que si se llevará al pleno de abril es la aprobación del convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con el Concello de Ourense, para transferir la gestión del Claustro Gótico de San Francisco, en el que se realizaron los trabajos de rehabilitación y que se pudo abrir al público después de un largo proceso.
También se rubricará en la sesión plenaria el convenio entre la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, y el Concello la cesión de uso municipal de la planta baja del edificio de la antigua sede del Banco de España en la ciudad, con el correspondiente alquiler establecido en el acuerdo firmado en su momento con el Ministerio de Hacienda.
En lo que hubo unanimidad por parte de todos los grupos políticos, fue en la necesidad de incoar de oficio un expediente de revisión del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo para los empleados públicos del concello de Ourense, después de la polémica suscitada con el pago de los pluses de nocturnidad, festividad y trabajos para otros concellos. Una cuestión que derivó en protestas por parte de policías locales y bomberos, los principales perjudicados por las supuestas irregularidades del documento.
