El Ministerio de Justicia tiene un nuevo frente abierto con los trabajadores judiciales que se oponen a la privatización del registro civil, una medida que recaudaría solo en esta capital medio millón de euros anuales mediante el cobro de certificaciones. Precisamente, la plataforma integrada por cinco sindicatos celebró ayer una concentración frente al Pazo de Xustiza para rechazar esta medida y simular la emisión de una factura por certificado. Según explicó el representante de UGT, Manuel González Carvajal, "pagar 23 euros por gestión será una realidad próximamente". A su juicio, la privatización es una medida injusta que solo reportará beneficios a los registradores de la propiedad que "se harán con el monopolio" de un servicio "que debe ser gratuito, como ya lo es desde 1870".
Con esta movilización comienza una campaña de presión en la que la plataforma pretende implicar a toda la ciudadanía. Ayer comenzaron a recoger firmas y lograron más de 300.
