La exjefa de Contratación niega que la modificación a bolígrafo en informes de ayuda a domicilio sea suya

María José Outeiriño sostuvo que "no es normal que se hiciesen tachones" en los precios del servicio - El asesor jurídico y el jefe de gestión económica señalan que es cometido del personal de Servicios Sociales verificar las facturas

21.03.2013 | 07:37

La revelación de la que fuera jefa del servicio de Contratación del Concello de Ourense desde marzo de 2002 hasta diciembre de 2011, María José Outeiriño, de que la modificación que figura a bolígrafo en el expediente de modificación de los precios de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio municipal --de la que se encargaba la UTE Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios--, sea suya, y de que no es normal que se hiciesen tachones, se convierte en un aspecto importante en la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, por supuestas irregularidades en el servicio como señala en la denuncia que presentó Democracia Ourensana.

La exjefa de Contratación, que junto con el responsable de la asesoría jurídica, Luis Tros, y el jefe de gestión Económica, Benigno Álvarez, prestaron declaración en calidad de testigos, también advirtió que "no es normal que se hicieran tachones" en los expedientes como el que le fue mostrado, así como que "no es habitual que tengan documentos sin firmar", como algunos que se incluyen en la documentación remitida por el Concello al Juzgado.

Y sobre el informe realizado por la técnico de administración general, C.F., que mañana prestará declaración como imputada al igual que la exjefa de servicio de Servicios Sociales, M.R., aseguró que cuando enviaron el expediente de modificación a fiscalizar esa documentación no estaba. Además de desconocer si tanto el asesor jurídico como el interventor vieron esas anotaciones a bolígrafo y los tachones porque no sabe en que momento se hicieron.

También subrayó que en todo lo relacionado con la contratación tenía que pasar por el servicio del que era responsable durante ese período que está siendo objeto de investigación judicial, pero en la práctica eso no era así, para recalcar que solo había tramitado expedientes que conocía y que le fueron remitidos desde el área de Servicio Sociales.

Facturación

En lo que se refiere a la facturación, que fue lo que llevó a Democracia Ourensana a preguntar por la existencia de facturas presuntamente falsas de regularización y sin registro de entrada por un importe de unos 236.000 euros, aunque a tenor de lo investigado podría ser mayor, el jefe de gestión económica, Benigno Álvarez, señaló que es cometido del personal de Servicios Sociales verificar esas facturas. Y aclaró que los funcionarios --jefa de servicio y la de negociado de Servicios Sociales, M.J.M., y C.R., respectivamente, que prestarán declaración el próximo miércoles 27-- certificaron que la factura se ajustaba a la realidad, al igual que la edil de Bienestar Social, Marga Martín, para "que siga adelante" el proceso de pago. "Si falta alguna de esas firmas no sigue su curso", explicó.

Benigno Álvarez dijo no tener ningún elemento para sospechar si las facturas eran falsas, y trasladó toda la responsabilidad a la Concejalía de Bienestar Social sobre la autorización de la regularización de facturas que se realizaron: "deben saber porque la autorizan y quien lo ha autorizado". En cuanto a la relación con la empresa, dijo que "lo visitó Alberto López --gerente único--, que era el que se encargaba de las facturas; el Sr. Troncoso --socio de la UTE-- no me visitó".

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