El gobierno local lleva a revisión el convenio regulador a los dos meses de su aprobación

Los socialistas habían aprobado el documento con el apoyo del BNG - El PP asegura que se "enmiendan a sí mismos" y DO advierte de una nueva "irresponsabilidad"

20.03.2013 | 09:35
Policías locales y bomberos, en la protesta en Alcaldía. // Iñaki Osorio
Policías locales y bomberos, en la protesta en Alcaldía. // Iñaki Osorio

La comisión de pleno que se celebra mañana aprobará incoar de oficio el expediente de revisión del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para los empleados públicos del Concello de Ourense, por lo que el gobierno socialista lo llevará al pleno de abril para intentar resolver el conflicto surgido. Una situación que se produce a los dos meses de ser aprobado el documento, en la sesión plenaria del mes de enero.

Una situación que hizo reaccionar de inmediato a los grupos de la oposición, PP y DO, ya que los nacionalistas apoyaron a los socialistas para que el acuerdo regulador se aprobase, a pesar del informe emitido por la Intervención Municipal, en el que se advertían irregularidades, sobre todo en lo relacionado con la forma de pago de los pluses de nocturnidad, festividad y trabajos para otros concellos.

Para el portavoz popular, Rosendo Fernández, se trata de "enmendarse a sí mismo", o de un "trasacuerdo, si se puede decir así", para denunciar que "no dimite nadie, después de esta nueva falcatruada". Y eso que "estaban advertidos", recalca, ya que en el pleno de aprobación, en el que el PP optó por la abstención, se alertó sobre la "gran chapuza administrativa" que se reflejaba en el documento que se llevó para su aprobación.

Un "desaguisado"

Para la edil de Democracia Ourensana, Susana Gómez, el proceso de aprobación del acuerdo regulador es la prueba de que "lo que mal empieza mal acaba". Pero en este caso el problema va más allá, y "esconde un problema de ineptitud, de mala fe y de irresponsabilidad por parte de muchos", no solo por parte del grupo de gobierno socialista.

Subrayó que lo que en un principio comenzó como un intento de vender políticamente dicho acuerdo como "ejercicio de ahorro de la administración local en tiempos de crisis" terminó como un "desaguisado más del grupo de gobierno", en el que los trabajadores han sido "los únicos perjudicados y víctimas", de lo que considera "una gran tomadura de pelo" por parte del alcalde, Agustín Fernández, y la concejala no electa de Personal, Carmen Rodríguez.

Para DO, este problema es una "irresponsabilidad compartida" entre los 14 concejales de esta corporación ( los 11 del PSOE y los 3 del BNG) que dieron su voto favorable a la aprobación de este documento "a sabiendas de las advertencias de ilegalidad que constaban en el informe de fiscalización del interventor municipal", recalcar Susana Gómez.

Esto hace que ahora, después de las protestas de policías locales y bomberos, que son los más afectados, se tenga que revisar de oficio como opción para intentar cumplir con la legalidad vigente, hecho que para DO una "gran ineptitud y un acto de mala fe cometido con conocimiento de causa y por puro interés político", que parece ser lo único que está "por encima de la legalidad y de la competencia en la actual gestión municipal", indicó. Susana Gómez asegura que "seguimos manteniendo la misma postura, que es la de velar por la legalidad en todos los actos del gobierno municipal".

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