Tres funcionarios del Concello de Ourense prestan hoy declaración, en calidad de testigos, en el Juzgado de Instrucción número 2, cuyo titular, Antonio Piña, investiga las supuestas irregularidades en la gestión del servicio municipal de ayuda a domicilio, adjudicado en aquellos momentos a la UTE Troncoso Saludges, que tenía como gerente único a Alberto López, que también lo es de la actual empresa concesionaria, después de que el grupo de Democracia Ourensana presentase la correspondiente denuncia.
La primera en declarar ante el juez será la jefa del servicio de contratación, M.J. O. -a las 9.45 horas de la mañana-, a quien seguirá el responsable de la asesoría jurídica del Concello, Luis Tros -citado a las 10.30 horas- y, por último, el jefe de gestión económica, Benigno Álvarez, cuya comparecencia está prevista inicialmente para las once de la mañana.
De esta forma se retoma el programa de declaraciones que había fijado el juez, y que surgieron cambios al solicitar el abogado de una de las funcionarias imputadas más tiempo para estudiar la documentación, aunque se mantiene la fecha del 27 de marzo para que preste declaración, en calidad de imputada, la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde, Marga Martín.
También prestarán declaración, igualmente como imputadas dos funcionarias del servicio de Bienestar Social del Concello, la exjefa de servicio, M.R., y la técnico de administración general, C.F. Mientras que el martes, 26 de marzo, están citados cuatro profesionales que supuestamente iban a formar un equipo multidisciplinar propuesto por la UTE en la memoria de su proyecto como una de las prestaciones ofertadas para la contrata.
Facturación
El juez investiga si existió una doble contabilidad continuada de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio y la explicación de la facturación mensual según el precio y las horas realizadas. Con la documentación requerida al concello, se pretende constatar si hubo doble facturación con apartes de 9.000 euros.
A este respecto, Democracia Ourensana expresó sus dudas de que pudiera producirse un "reparto de dinero", según advertía su abogado. Una empleada de la UTE que ya prestó declaración reconoció que las facturas de pago eran entregadas en sobre cerrado a la edil de Bienestar Social. Así como la existencia de dos facturas presuntamente falsas de regularización, por un importe de 236.000 euros y sin registro de entrada, como se señala en la denuncia presentada en el juzgado que ahora se encarga de la investigación.
