El presunto parricida de Taboadela se opone a que lo juzgue un tribunal popular

La defensa reclama el archivo de un caso sin resolver desde 2009 - José Miguel Martínez Campos está en prisión cumpliendo condena por amenazar a un amigo días antes del crimen

19.03.2013 | 09:49
José Miguel Martínez Campos, el día del juicio por amenazas con una pistola a un amigo. // Iñaki Osorio
José Miguel Martínez Campos, el día del juicio por amenazas con una pistola a un amigo. // Iñaki Osorio

La confirmación de la condena por amenazar con un arma y maniatar a un conocido solo unos días antes del truculento crimen doble de Amendo (Taboadela) mantiene entre rejas desde hace un mes a José Miguel Martínez Campos, de 40 años, al que la justicia no ha logrado acreditar sin embargo su supuesta implicación en la violenta muerte a tiros de sus padres acontecida en abril de 2009, un caso sin resolver y sin pruebas concluyentes -no existe confirmación de ADN ni tan siquiera se encontró el arma del delito- pero con un sospechoso principal para los investigadores que fue encarcelado dos veces y luego puesto en libertad tras resoluciones de la Audiencia de Ourense.

La sentencia firme de Martínez Campos a más de 4 años de prisión por el episodio de amenazas juzgado el pasado octubre -la defensa también la recurrirá en amparo- ha desencallado las diligencias de investigación del presunto parricidio, que permanecían sin avances conocidos tras la última puesta en libertad del imputado en diciembre de 2011.

El tribunal ourensano negó en dos resoluciones que existieran indicios suficientes o pruebas para mantener la reclusión. Casi cuatro años después de los hechos y un denodado trabajo de los investigadores de Policía Judicial, el fiscal ha instado a la juez instructora a que transforme el procedimiento a la ley del jurado y cierre la fase de investigación para que Campos responda en un juicio por el doble asesinato -así como una amiga que durante meses fue su supuesta encubridora- ante un tribunal popular. El letrado de la defensa acaba de oponerse. Entre otros argumentos, el abogado considera que el tribunal de ciudadanos -a seleccionar entre un censo de menos de 2.000 candidatos, todos ellos de la provincia de Ourense- podría verse "contaminado, aunque sea inconscientemente, por todas las informaciones que salieron de este tema", señala el escrito registrado en sede judicial.

La defensa cuestiona solidez alguna en el procedimiento como para que siga adelante. En varias ocasiones instó a las autoridades que han pasado en los últimos años por Instrucción Número Tres a que abrieran nuevas líneas de investigación. Pero la convicción de Fiscalía y Guardia Civil era completa: José Miguel Martínez Campos es el presunto autor, según su criterio, debido a la profunda enemistad que profesaba a sus progenitores, José y María Teresa. El crimen estaría precedido por episodios agresivos y hasta malos tratos. El matrimonio de 65 y 63 años murió a tiros en su domicilio de Amendo el 25 de abril de 2009. Los encontraron en el patio y en el gallinero de la vivienda.

El padre tenía en el bolsillo del pantalón una carta cuya redacción los investigadores atribuyen al presunto parricida basándose, por ejemplo, en un informe lingüístico. Además echan mano de un informe sobre restos de pólvora en la ropa del hijo que serían compatibles con un disparo.

Martínez Campos siempre negó los hechos. Llegó a manifestar a la que era jueza instructora que nunca había tenido en la mano un arma de fuego. La condena por encañonar y coaccionar a un amigo con un arma que sería suya desmonta, según el criterio del fiscal, esta versión y le aporta motivos para pedir que se celebre juicio.

El presunto parricida tardó varios meses en ser detenido hasta que se derrumbó su coartada. Una amiga aseguró en un principio haber estado con él a la hora estimada de los hechos. Cuando se retractó, Martínez Campos terminó en la cárcel por primera vez. Pasó siete meses entre rejas hasta que la Audiencia decretó la primera libertad.

Para negar la posibilidad de que el doble crimen lo resuelva un tribunal del jurado, la defensa se basa asimismo en el que el trámite no es adecuada porque la segunda imputada, Rosa R.P, cometió presuntamente un delito de encubrimiento que no corresponde al marco de competencias de la Ley del Jurado.

"No arrojaron luz"

La solicitud de archivo de la defensa es la segunda tras otra, infructuosa, hace un año. El abogado alega que el procedimiento debe terminar sobreseído. Después de la segunda excarcelación del principal sospechoso, su defensa ya solicitó el archivo por falta de indicios. La representación esgrime que las sucesivas peticiones de pruebas ordenadas por el juzgado de Instrucción Número Tres de la ciudad que "no arrojaron luz sobre este tema". La respuesta al escrito de alegaciones recién presentado llegará en los próximos días desde el juzgado. La vista se celebraría en los próximos meses en la Audiencia Provincial.

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