Los documentos y papeles que cimientan la causa por presunta prevaricación contra José Luis Baltar -bien porque certifican el incumplimiento de trámites legales como la falta de oferta pública o informes previos, bien porque no existen- todavía no han llegado en su totalidad al juzgado del responsable del caso, el juez Leonardo Álvarez, que tendrá que decidir si amplía la imputación a otros delitos y funcionarios del círculo de Baltar como pide el PSOE, si acuerda nuevas pruebas o si resuelve las diligencias dictando auto de procedimiento abreviado o archivo. Para ponderarlo desea tener toda la documentación sobre la mesa. El magistrado ha apremiado por escrito a seis alcaldes retrasados tras contar ya con las respuestas de otra media docena, todos del PP menos uno, que desmienten la versión como imputado de Baltar. El exbarón decretó 19 de sus 104 altas cuestionadas como "inaplazables" -peones, albañiles, auxiliares, o chóferes- justificándose en supuestas demandas por escrito que según certifican los ayuntamientos que ya han contestado, fueron a lo sumo verbales.
La reclamación urgente del juez al resto de regidores que recibieron personal por decreto del exbarón en el periodo investigado de 2010 no se dirige, sin embargo, a la Diputación Provincial, custodia de la mayor parte de documentos, algunos ya remitidos en su día al fiscal jefe durante la fase de investigación previa. En un auto de 15 de febrero, el juez solicitó a la administración los expedientes de la oleada de contratos investigados y, casi un mes más tarde, sigue esperando los papeles.
Pese a la demora del ente y al cierto malestar que le atribuyen fuentes próximas a la instrucción, el magistrado no ha sacado la artillería por el momento. Podría instar a la Diputación a que se dé prisa u obrar sin paliativos: mandar a la Policía a la sede provincial a exigir los documentos de inmediato, un recurso al que sí recurrió su homólogo Antonio Piña ante la resistencia del Concello a dar la información interesada por el juez en la investigación penal del servicio pritavizado de ayuda a domicilio.
Leonardo Álvarez, por el momento, espera. Y no tendrá que mover ficha si se confirma lo que ayer sostenía el secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro. El funcionario, que declaró como testigo en la causa -certificó que el exbarón se saltó la ley al contratar y no dio publicidad- dijo ayer a FARO que los expedientes, contratos laborales, informes de necesidad de lo jefes de servicio proponiendo cubrir vacantes así como las órdenes de alta por decreto del exbarón serán remitidos al juzgado en una caja repleta de papeles.
El requerimiento que el instructor plasmaba en un auto de 15 de febrero entró por escrito, según Cacharro, el 26 de febrero. "Son 15 días hábiles y hemos tenido que recopilar y fotocopiar gran cantidad de documentos". El funcionario asegura que firmó ayer la salida de la documentación con destino a la sede judicial.
Una falsedad, según el PSOE
Respecto a los seis ayuntamientos que se demoran -Boborás, A Veiga, Trasmiras, Baltar, Vilamartín, Viana y Larouco- y "visto el tiempo transcurrido" sin respuesta, el juez los insta a que remitan de forma "urgente" las supuestas peticiones por escrito de personal vacante en las que se basó José Luis Baltar para decretar esa veintena de puestos "inaplazables". El PSOE pide al juez que impute también a Baltar por falsedad documental -además de malversación- por la inexistencia de esos escritos en los que se amparó. El fiscal jefe subrayó al querellarse que las solicitudes documentadas no existieron deduciendo la "discrecionalidad" de Baltar en la designación de los puestos a dedo, una buena parte- "casualidad según el exbarón- copados por cargos del PP y familiares. El jefe de servicio de Personal, edil del PP e hijo del alcalde de Monterrei, aseguró al magistrado que dichos informes "no están". José Luis Baltar, en un interrogatorio donde descargó culpas sobre ese funcionario, el secretario y el entonces interventor -los socialistas piden al juez que los impute por omitir sus funciones- afirmó que solo atendía a peticiones por escrito. Los informes "deben estar en la diputación", declaró el expresidente. Pero no forman parte de la remesa de documentos recopilados para el juez por la que durante 22 años fue su Diputación.
