Es una cuestión que no acaban de entender los grupos de la oposición, Partido Popular y Democracia Ourensana, en el sentido de que a día de hoy el Concello de Ourense no se encuentre personado en la investigación judicial que realiza el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, sobre presuntas irregularidades en el servicio municipal de ayuda a domicilio, relativas a la existencia de supuestas facturas falsas, doble facturación y otros delitos que se habrían cometido.
De ahí que tanto la edil de DO -que en su momento presentaron la correspondiente denuncia en el juzgado-, Susana Gómez, como el concejal popular, Miguel Abad, reclamen al alcalde, Agustín Fernández, ese personamiento para la defensa de los intereses de todos los ourensanos, cuestión que entienden debe ser prioritaria desde que se cuestionó la gestión que se realiza en un servicio social de gestión privada y que tenía en esos momentos un coste anual superior a los 3 millones de euros.
Y aunque Agustín Fernández se escudó en que "nuestros letrados consideran que el Concello no se persone", como espetó en el último pleno a PP y DO, la imputación de la concejala de Bienestar Social y a su vez teniente de alcalde, Marga Martín, y las principales responsables del área municipal -la actual jefa de servicio y la anterior, junto a la jefa de negociado y una técnica de administración general-, son para los dos grupos de la oposición argumentos suficientes para que el Concello de Ourense "deba ser el primero en estar personado", y de esa forma "garantizar" todo lo que pueda suceder en el futuro en la vía judicial.
Dinero público
Lo que aclaran tanto PP como DO es que, además de la relevancia que tiene el servicio de ayuda a domicilio para la personas mayores, no se debe dejar de lado que se trata de "dinero público, de todos los ciudadanos", como recalca Susana Gómez, y considera, al igual que hace Miguel Abad, que el alcalde debería dar a conocer esos informes de los "letrados municipales" a los que hizo referencia el alcalde, al personamiento del Concello, si es que "realmente van en esa dirección", ya que hasta que no tengan información sobre los mismos mantienen sus dudas.
A este respecto, Abad criticó ayer la "falta de transparencia y de respuesta" por parte de la concejala de Bienestar Social a todas las preguntas realizadas en la junta de área, relacionadas con las imputaciones, los expedientes que había reclamado el juez instructor, y otras cuestiones que no hacen más sembrar más preocupación sobre un servicio contra el que "no va la oposición, como pretende hacer ver la concejala", indicó.
Con los datos que tienen, la mayoría de los cuales "tuvimos conocimiento por los medios de comunicación", revela el edil popular, está claro que "tenemos que preocuparnos", debido a que la imputación del juez deja claro que existen indicios suficientes de la comisión de varios presuntos delitos.
