La Diputación mantiene imputado al expresidente, José Luis Baltar, por contratar a 104 personas en fechas próximas a la celebración del congreso provincial del PP en 2010, en el que resultó elegido presidente su hijo, Manuel Baltar, que posteriormente le tomaría en relevo también como máximo responsable de la institución. Fueron llamados a declarar por este caso nueve jefes de servicio y cuatro contratados. También están siendo investigadas, por parte de la Unión Europea, las inversiones del Plan Depuradoras y del Proyecto Estaciones.

A esto se suma la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo, que "ha concluido a trompicones", destacan los grupos del BNG y del PSOE, al exceder el tiempo de tramitación y no alcanzar la cifra de los 30 trabajadores requeridos en la legislación, por lo que el grupo de gobierno tuvo que recurrir a despidos individuales. Pero además, los trabajadores están planteando numerosas reclamaciones judiciales, ante la desconfianza de que se rompa la cadena de contrataciones temporales de las que disfrutaban con José Luis Baltar, por lo que el juez obliga en la mayoría de los casos a que los trabajadores sean readmitidos o indemnizados.

En el caso de la cesión de trabajadores que realizaba la Diputación a distintos concellos, como O Carballiño y Xinzo, el juez determinó que son las entidades locales las que tienen que asumir el pago del salario de esos operarios.

BNG y PSOE temen que las arcas de la Diputación puedan salir "muy dañadas" por las "contrataciones en fraude de ley" que solía realizar José Luis Baltar, debido al "disparate" de concatenar sucesivos contratos, hasta que "generaron unos derechos, que la autoridad judicial considera sagrados".