Sin resolver las sospechas de supuesta contabilidad doble, facturaciones falsas y una presunta prevaricación que el juez maneja para interrogarla en calidad de imputada, la concejala de Benestar Social y teniente de alcalde del PSdeG en Ourense, Marga Martín, proclamó ayer el buen funcionamiento del servicio "bandera" de ayuda a domicilio, se aferró al cargo descartando cualquier posibilidad de dimitir y se salvaguardó en la existencia de informes técnicos que avalarían todo el procedimiento de la contrata municipal. Obvió, eso sí, que cuatro funcionarias municipales -trabajadoras de su departamento y responsables según la época de la jefatura de servicio- también han sido imputadas y tendrán que declarar ante el magistrado de Instrucción Número 2, Antonio Piña.
Las comparecencias se retoman el próximo miércoles y se prolongarán durante todo el mes de marzo. Marga Martín, citada para el día 27, compareció ayer de urgencia en el salón de plenos de Ourense abrigada por dos compañeros afines, como ella, al exalcalde Francisco Rodríguez: la edil de Urbanismo, Áurea Soto -que ya acumula dos imputaciones por presunto delito de prevaricación-, y el concejal de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero.
La edil socialista, alcaldesa accidental durante unos días tras la caída del exregidor por la Operación Pokémon, afirmó sentirse "aliviada" por su imputación. "Por fin voy a tener la oportunidad de aclarar al juez todas las dudas que pueda tener".
La concejala era la persona responsable de la firma política de las facturas, quien daba la conformidad con la tramitación, la que autorizaba la orden de pago de las facturas cuyo contenido, según el interventor, debía comprobar la jefa de servicio.
Unos tres millones de euros al año ingresaba la anterior adjudicataria, que siguió prestando el servicio y cobrando sin existir contrato y pese a los reparos del interventor por la gestión "irregular" de fondos públicos -el exalcalde levantó facturas reparadas por 1,5 millones en cinco meses-, hasta un año después de que se resolviera la concesión por mutuo acuerdo pese a que una sentencia del TSXG anulaba la adjudicación.
"Evidentemente contrato no había, pero el servicio se seguía prestando y había que pagar las facturas", resolvió ayer Martín.
Dos de las facturas, en concepto de regularización, sin registro de entrada, correspondientes a 2008 y por un importe de 236.000 euros, fueron incorporadas en una denuncia por parte de Democracia Ourensana y presuntamente fueron falsificadas.
Una extrabajadora de la anterior UTE -cuyo gerente único lo es también de la actual, con un importe incrementado hasta un máximo de 16,8 millones de euros- aseguró la existencia de una doble facturación y apartes de 9.000 euros. Una empleada de la adjudicataria confirmó como testigo ante el juez de instrucción que las facturas de pago eran entregadas en sobre cerrado a Marga Martín.
El magistrado y la Guardia Civil analizarán el contenido y la motivación de todos los correos electrónicos intercambiados entre la concejala y el gerente del servicio, Alberto López. El juez requisó el ordenador personal de Marga Martín en febrero y su custodia pasó ayer a la Guardia Civil.
La edil calificó ayer como algo "habitual" el hecho de recibir por correo electrónico o en sobre facturas, "que llegan antes al servicio para poder ser vistas antes de que se siga el procedimiento normal", dijo. En este momento, como en otros de la rueda de prensa, terció su compañera Áurea Soto para manifestar que en el Concello de Ourense "todas las facturas se pagan por los cauces normales y con la supervisión de los técnicos". A los funcionarios en los que se escudó la edil para defender su buen proceder, los calificó ante todo como "excelentes profesionales, personas honorables e inocentes que siguen contando con todo mi apoyo y confianza".
La judicialización del caso de ayuda a domicilio que la oposición -PP y DO- propuso investigar, sin la receptividad del gobierno local, en una comisión política, parte de las facturas citadas del año 2008, pero se ha ampliado a otras anualidades tras recabar el juez documentación al ayuntamiento y haber enviado en varias ocasiones a la Policía para que le fueran entregados los expedientes al completo. El magistrado investiga si se prestaron todos los servicios ofertados, si se facturaron más trabajos que los efectuados y si existió una doble contabilidad delictiva.
"Evidentemente la existencia de un conflicto entre dos socios está perjudicando tanto a políticos como funcionarios", señaló Marga Martín. Las desavenencias entre los dos integrantes de la anterior UTE de la ayuda a domicilio, enfrentados ahora en pleitos judiciales, así como el amparo de los informes de los técnicos -incluido para la resolución de mutuo acuerdo de la anterior concesión- fueron dos de los argumentos socorridos por los tres miembros del gobierno que ayer dieron la cara. El alcalde, Agustín Fernández, no tuvo ayer agenda mediática.
La concejala imputada sacó a colación además la gestión del servicio de ayuda en el hogar en 2006, cuando todavía gobernaba el alcalde Manuel Cabezas (PP). La entonces adjudicataria, Eulen-Euxa, resolvió igualmente de mutuo acuerdo con el consistorio y estuvo un año prestando el servicio sin amparo de contrato hasta la nueva licitación. "Nuestra intención es que se agilice todo lo máximo posible, por eso insistimos en que nos hacen falta técnicos", enlazó Áurea Soto, censurada por la oposición por las reiteradas contrataciones de asistencias externas.
Soto fue la más cáustica. Desechó "ni remotamente" la opción de que Marga Martín dimita y mencionó el caso de los paneles, que llevó al banquillo a tres ex del BNG absueltos después en primera instancia. "Hay una persecución contra un gobierno municipal que presume de honradez y eficacia", dijo. Barquero resolvió afirmando que "Marga Martín es presuntamente inocente y no hay ningún motivo para que dimita por nada, otra cosa será el día que haya una sentencia".
