Tras dos largos meses de negociación infructuosa y el rechazo de los trabajadores afectados, ha sido la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia a través de su jefatura territorial la que ha parado el ERE de la Diputación. A través de la preceptiva resolución previa a la vía judicial y después de detectar varias irregularidades, la autoridad laboral gallega ha decidido archivar el expediente. El principal motivo esgrimido es que se excedió el tiempo máximo de negociación.

El gobierno provincial esperaba la demanda judicial contra el ERE que ayer mismo presentó el comité de empresa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e incluso prevé demandas individuales de algunos de los despedidos, pero no contaba con tropezar ante la Consellería de Traballo. De hecho, ya ha presentado un recurso administrativo contra la resolución al considerar el carácter "gravemente erróneo" de las consideraciones efectuadas en el informe de la Inspección de Traballo (IT) e Seguridade Social previo a la resolución de la Xefatura Territorial.

Por un lado, el recurso presentado ayer y firmado por el presidente Manuel Baltar destaca que la resolución solo tiene en cuenta el supuesto incumplimiento de los plazos para declarar la caducidad del expediente y no otras cuestiones recogidas en el informe de la Inspección de Traballo relativas al número de trabajadores afectados (28 y no el mínimo exigido de 30), a la entrega de la documentación al comité de empresa, a que la motivación de los despidos no obedece a una causa económica y al hecho de que en la comunicación empresarial del fin del período de consultas no se haga alusión a las medidas sociales.

Baltar asegura que es "falso" que no se entregase la información demandada y lamenta que la Inspección de Traballo "acredite exclusivamente la versión de una de las partes en conflicto, sin solicitar la opinión de esta Diputación". En cuanto a la consideración de que "no concurren los umbrales mínimos exigidos para acudir al procedimiento de despido colectivo" esgrimido por Traballo, la institución provincial defiende que la reducción es fruto de las negociaciones e insiste en que el ERE se inició con 32 trabajadores, y es ese el número que tiene que contar.

El representante de la Diputación en la consulta del expediente, Argimiro Marnotes, calificó ayer de "mundo al revés" que "se quiera evitar que una administración y sus trabajadores negocien más allá de lo estrictamente necesario". De hecho, recuerda que la Diputación pudo zanjar el período de consultas a los 30 días pues en ese plazo ya se habían celebrado las tres reuniones preceptivas, "pero todas las partes querían avanzar más para un mejor acuerdo".

De hecho, recalca que de haber finalizado entonces los afectados no habrían conseguido una indemnización de 25 días por año trabajado y un máximo de 18 mensualidades, sino que serían 20 días y 12 meses; ni se habría reducido el número de despedidos.

El recurso justifica que el plazo "no superior a 30 días naturales" para el período de consultas "establece el límite temporal del deber de negociar", pero no significa que no pueda prorrogarse voluntariamente y por mutuo acuerdo de las partes, más allá de ese límite. Ampliar el plazo no ha respondido a otra cosa, precia Marnotes, "que a garantizar los derechos del trabajador".