La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, optó por dejar dudas sobre si se contratarán nuevas asistencias técnicas para su departamento, y que los grupos de la oposición, PP y DO, califican de "millonarias", con el agravante de que todas cuentan con los reparos de la Intervención municipal sobre su legalidad, y otras consecuencias que se derivan en materia de personal, sobre las que la edil evitó pronunciarse ayer durante la junta de área.
De esa forma, a la pregunta del portavoz popular, Rosendo Fernández, de si tenía previsto realizar nuevas asistencias técnicas en Urbanismo, la respuesta de Áurea Soto fue la de: "no sé", y ante la insistencia del popular, añadió que el "futuro no se sabía". Lo que contrasta con la contundencia que mostró en el pleno del pasado viernes, 1 de marzo, al sentenciar que "seguiremos con asistencias técnicas".
Los datos con que cuentan los populares, y que esgrimieron para denunciar este tipo de contrataciones, revelan que en un solo año se habrían gastado más de 366.000 euros, y en este mandato la estimación que hacen, en función de lo que viene realizando el gobierno municipal, y sobre todo la edil de Urbanismo, "pueden superar los 1,4 millones de euros". Y todo ello con "los reparos y advertencias de legalidad del interventor", indica Rosendo Fernández.
Pero si en la junta de área de Urbanismo e Infraestructuras de ayer Soto evitó entrar en debate, y se quedó en el "no se sabe", aunque dejaba abierta la puerta a este tipo de contrataciones, uno de los argumentos que utiliza para dar respuesta es cargar contra la postura que mantiene el Partido Popular, cuyo objetivo es que "no hagamos nada", y meter en el mismo saco a Democracia Ourense que "es su prolongación" para conseguir "paralizar" el Concello de Ourense, a través de denunciar las asistencias técnicas como los contratos realizados por "vulneración" del Real decreto de reposición cero del Gobierno central.
La otra cuestión que preocupa a PP y DO, sobre todo después de las sucesivas y reiteradas advertencias en informes de reparación del interventor, está relacionado con que los contratados por esas asistencias técnicas se pueden terminar convirtiendo en empleados públicos del Concello de Ourense.
De ahí que Rosendo Fernández solicitase información a la edil de Urbanismo sobre la situación de siete personas vinculadas con su área y las reclamaciones que habrían realizado vía judicial, ya que los datos que manejan los populares es que dos de esos contratados, que ya denunciaron pasarían a tener la condición de personal laboral indefinido.
Mismas dudas
El portavoz popular salía de la junta de área con las mismas dudas con las que entró, ya que Áurea Soto dijo desconocer cuál es la situación actual de estas personas y si se habían formalizado denuncia por parte de esas personas que realizaron trabajos para urbanismo, en dependencias municipales y utilizando medios del propio Concello, lo que les permitiría "entrar por la puerta de atrás", como sostiene Rosendo Fernández, que responsabiliza de esta situación a la edil no electa de Personal, Carmen Rodríguez, y al propio alcalde, Agustín Fernández.
Pero Soto sostiene que la contratación de asistencias permite resolver la problemática urbanísticas de una ciudad inmersa en reclamaciones y en una travesía entre un plan general anulado y otro que aún tardará, con lo que también justifica los contratos realizados, y alguno de los cuales impugnó el abogado del Estado, por entender que no tiene la "justificación" necesaria.
