El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su sala de lo Social, ha recibido este miércoles una demanda para impugnar el expediente de despido colectivo presentada por el sindicato CC.OO., que participó en la negociación del ERE público que en principio iba a afectar a 32 trabajadores de la Diputación de Ourense.
Los 25 trabajadores finalmente afectados por este ERE ya fueron despedidos, recibieron sus finiquitos y están en su casa desde el 28 de febrero, pero al día siguiente llegó a la Diputación de Ourense un escrito de la Consellería de Traballo para notificar el archivo del expediente de despido colectivo, por su caducidad y otros defectos de forma y fondo.
La Diputación de Ourense ha anunciado este miércoles la presentación de una reclamación por el archivo del expediente, cuya tramitación comenzó con la comunicación pública, a cargo de su presidente José Manuel Baltar, y a los trabajadores en diciembre de 2012. Los representantes de los despedidos negociaron hasta el 6 de febrero de 2013 con los de la institución.
El representante de la Diputación en la negociación del ERE y diputado provincial Argimiro Marnotes, ha explicado que el recurso contra el archivo de la Xunta es el símbolo de "un mundo al revés, porque quiere evitar que una administración pública y sus trabajadores negocien más allá de lo estrictamente necesario".
Recordó que se pactó el pago de 25 días por año trabajado, en lugar de los 20 que permite la reforma laboral y que el número de trabajadores afectados, que era inicialmente de 32, se redujo hasta 25, pero "el momento de la contabilidad de los afectados debe ser el inicial".
También aludió a las causas que motivaron el ERE para reivindicar que están "más que justificadas", y con estos mismos argumentos, fue presentada una reclamación ante la autoridad laboral de la Consellería de Traballo e Benestar para que dicte resolución, "dejando sin efecto la declaración de caducidad".
El escrito de reclamación de la Diputación de Ourense indica en su cabecera que es "previo a la vía judicial", lo que deja ver la posibilidad de que la institución recurra finalmente al juzgado para respaldar los despidos.
CC.OO. ya fue al TSXG
Por su parte, el asesor sindical de CC.OO. en la mesa de negociación del ERE, Ramiro Otero, ha explicado a Europa Press que también este miércoles registró en el TSXG una demanda de impugnación contra el expediente por considerar estos despidos "vulneradores de derechos fundamentales, nulos por fraude de ley, nulos por vulneraciones en su tramitación y por no ajustarse a derecho".
Según Otero, los despidos son "improcedentes" y se producen "simultáneamente" a contrataciones temporales en la Diputación. La demanda de CC.OO. refiere irregularidades como que el ERE afectó a 32 trabajadores, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad en la institución pública, dejando fuera a otros trabajadores indefinidos, sin concretar los criterios de selección de los afectados "más que el general de causas económicas que afectan al conjunto de la entidad, pero no los que motivan su selección de trabajadores".
Además, según la demanda, la Diputación no entregó a los representantes de los trabajadores toda la documentación requerida en la normativa de los expedientes de despido colectivo, y la que sí les dio fue a cuentagotas, "pero nunca se entregó la documentación completa de los presupuestos de 2010, 2011 y 2012, necesaria para justificar el reajuste económico".
"La decisión de la Diputación constituye una absoluta desnaturalización de la finalidad de los despidos colectivos pues, en su memoria explicativa dice que el objetivo de éstos no es otro que dar fin a la relación laboral de trabajadores indefinidos no fijos de la Diputación, a los que califica como anomalía que debe ser corregida, por la indebida aplicación de contrataciones temporales no justificadas", sigue el escrito.
Para el sindicato no está justificada la causa económica del expediente de despido colectivo, pues debería basarse en una reducción del 5 por ciento del presupuesto de la entidad y, según la demanda, la reducción en 2012, respecto a 2011, es del 2,81 por ciento "y aún así, los gastos de personal aumentaron, pues se contrató a dos asesores con un coste de 120.000 euros".
En su demanda, CC.OO. propone al TSXG que en su investigación, pida los contratos de trabajo temporales suscritos por la Diputación en los años 2012 y 2013, el listado de personal temporal del mismo período, todos los contratos de todos los trabajadores despedidos y el informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ourense sobre el expediente de despido colectivo.
