Un peón del centro ecuestre privatizado de Antela se suma a los pleitos por despido contra la Diputación

El trabajador encadenó contratos temporales desde 2003 hasta su salida en noviembre de uno de los centros externalizados por Manuel Baltar - Otros dos despedidos del centro demandan al ente

06.03.2013 | 07:30

La oleada de reclamaciones laborales de extrabajadores de la Diputación de Ourense no se detiene. La administración, hasta el momento, está tirando de liquidez entre sus debilidades económicas para desembolsar el primer tramo de indemnizaciones del ERE a 24 trabajadores que cesaron el 1 de marzo y además se decanta por compensar económicamente a la sucesión de exempleados indefinidos despedidos en el tramo final de 2012, el primer año en el cargo del presidente Manuel Baltar. Compensar a algunos exempleados mantenidos de forma irregular y despedidos de forma improcedente costará hasta 40.000 euros.

Ayer se celebró el juicio laboral de otro antiguo trabajador vinculada a la administración ourensano que pleitea para que se reconozca su salida el pasado noviembre como un despido improcedente. En su caso permaneció desde 2003 con contratos temporales en el centro ecuestre e hipódromo de Antela, un recinto privatizado a finales de 2012 dentro de los planes de Baltar para soltar lastre en la administración ourensana. El recinto alberga 42 establos y hasta un estadio de carreras.

La hoja de ruta del presidente está coincidiendo con los reveses judiciales a la práctica instaurada de contratación y renovaciones del personal que durante años caracterizó al expresidente de la Diputación José Luis Baltar, imputado en la vía penal por una presunta política prevaricadora entre enero y marzo de 2010, el periodo que coincide con el congreso del PP de Ourense que propició el primero de los dos relevos -el del partido y el de la administración- del padre en favor de su hijo.

Baltar insiste en que plan pasa por cerrar 2013 con una plantilla de personal rebajada en 25% con respecto a la de su progenitor, al que censuró sus modos de dar empleo en la memoria para justificar el ERE. El trabajador que ayer acudió a juicio tenía categoría de peón en el centro ecuestre privatizado. El abogado del demandante señaló a la juez de lo Social Tres que lleva el caso la existencia de un "fraude de ley" en el encadenamiento de contratos sucesivos que, según considera, deben recaer en una sentencia condenatoria y en el reconocimiento de una relación indefinida. En la demanda también se dirige la acción contra la empresa a la que la Diputación adjudicó el complejo ecuestre de Sandiás durante un periodo de 10 años prorrogables a 15.

La vista laboral hizo que regresar al juzgado a testificar José Luis Suárez, jefe de Personal de la Diputación y edil del PP en el concello de su padre. Otros dos despedidos del centro, según las fuentes, han demandado al ente y sus juicios son inminentes Su situación en el paro contrasta con la del alcalde y diputado provincial del PP en Trasmiras, Emilio Pazos, y otros once operarios que fueron recolocados por la administración ourensana en otros servicios tras la privatización de Antela. En el caso del regidor, pasará a ocupar la jefatura de las perras provinciales. De momento, en situación de excedencia dada su condición de representante provincial.

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