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La Delegación del Gobierno impugna contratos en el Concello de A Rúa por vulnerar el Real Decreto

El abogado del Estado recurre en el Juzgado Contencioso Administrativo los acuerdos adoptados por el gobierno municipal - Afecta a las incorporaciones de tres monitores de deportes y el de un operario de mantenimiento

04.03.2013 | 07:30
Edificio del Concello de A Rúa, en donde se realizaron las contrataciones impugnadas. // Iñaki Osorio
Edificio del Concello de A Rúa, en donde se realizaron las contrataciones impugnadas. // Iñaki Osorio

La Delegación del Gobierno, a través del abogado del Estado de Ourense, impugna ante el Juzgado Contencioso Administrativo los contratos realizados por el Concello ourensano de A Rúa, gobernado por el PP, por vulnerar el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributarias y financieras, para la corrección del déficit público, relativa a la reposición cero en materia de personal.

Un suma y sigue, después de que impugnasen varios de los contratos que se habían realizado por parte del Concello de Ourense, y que también podría afectar a otros concellos de la provincia, así como a otras administraciones, después de analizar los acuerdos adoptados en lo que se refiere a contrataciones.

En el caso del Concello de A Rúa se trata de contratos, realizados a través de decretos de Alcaldía, y que afectan a tres monitores deportivos, tanto para atletismo como de tenis, y la de un operario-peón de mantenimiento, según los datos a los que tuvo acceso FARO, y que forman parte del escrito de impugnación presentado en el Contencioso Administrativo de Ourense.

El abogado del Estado, una vez analizada la información que consta en la Subdelegación del Gobierno de Ourense, emitió el correspondiente informe en el que concluye que la actuación de la Concello de a Rúa "sería impugnable en sede contencioso administrativa, no solo por infracción del Ordenamiento Jurídico, sino también en aplicación de la doctrina de desviación de poder, que supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico".

También se concreta en el argumento que se plasma en el escrito de impugnación que no se trata de servicios públicos esenciales, como se contempla en el Real Decreto del Gobierno central, y que podría posibilitar esas contrataciones realizadas por el Concello de A Rúa. Así como no estar acreditada la "necesidad urgente e inaplazable", que es uno de los criterios que se establecen para poder incorporar nuevos trabajadores.

Es por eso que ante los datos con que cuentan, que se reflejan en los acuerdos adoptados por el concello, en este caso con decretos de Alcaldía para contratar, y para la defensa de las competencias estatales, que se concretan en el Real Decreto 20/2011 del 30 de diciembre de 2011, por el que el Gobierno central prohibía contratar más personal a las distintas administraciones públicas.

Competencias

Y aunque por el momento desde la Subdelegación del Gobierno de Ourense se evita hacer pronunciamiento alguno sobre nuevas impugnaciones por los contratos realizados por parte de otras administraciones, no solo de concellos, como se aclara este diario, y que "invaden" las competencias del Estado, todo indica que se podrían formalizar una vez se estudien todos acuerdos que en materia de personal y contratación se adoptaron.

Con la fiscalización de las actuaciones que se consideren "ilegales" por parte de la Administración central, con potestad para el control de los acuerdos municipales adoptado, se procede a presentar recurso contencioso-administrativo por la vulneración de la normativa estatal, como sucede con el Real Decreto, antes mencionado, en el que se plasma la tasa cero de reposición de personal para 2012, y que se encuentra en vigor para el presente año, con las excepciones contempladas en el mismo, sobre todo para servicios públicos esenciales.

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